Desde el crimen del columnista político de Excélsior, Manuel Buendía, asesinado el 30 de mayo de 1984, hasta anteayer lunes 9 en que fueron acribilladas en Cosoleacaque la directora del portal digital El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi, y su compañera camarógrafa Sheila Johana García Olivera, la respuesta de gobernantes y funcionarios encargados de la seguridad pública y procuración de justicia sigue siendo la misma: no habrá impunidad, no existe complicidad con los criminales y se aplicará la ley “caiga quien caiga”.
Pero el problema es que a lo largo de estos 38 años no solamente los crímenes de periodistas no cesan en México, sino que el número ha ido aumentando sexenio tras sexenio y en su gran mayoría continúan impunes. Hoy, inclusive, el exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, cuyo subordinado José Antonio Zorrilla Pérez, a la sazón titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fue procesado como autor intelectual del crimen de Buendía, es el poderoso director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo que el gremio periodístico esperaría es que en vez de prometer que no habrá impunidad se le garantice plena seguridad y que no seguirán repitiéndose ni incrementándose los asesinatos.
Este lunes, al informar a través de su cuenta de Twitter que se había activado ya un operativo coordinado de búsqueda de los responsables por los homicidios de las periodistas, el gobernador Cuitláhuac García reiteró: “Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera”.
“Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El @GobiernoVer ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos”, afirmó García Jiménez.
La reacción del mandatario estatal era la obligada, pero lo deseable es que su gobierno erradicara a los grupos criminales que siguen enlutando no solamente los hogares de comunicadores sino también los de miles de familias veracruzanas dedicadas a otras actividades.
Colegas y amigos de Yesenia Mollinedo revelaron, por ejemplo, que días antes de su muerte la periodista sureña se mostraba preocupada por presuntas amenazas de extorsión a su familia que se dedica al comercio.
El periodista Omar Vázquez, quien conocía a Mollinedo Falconi, declaró al diario Reforma que semanas antes le había comentado que tenía miedo por dicha situación, sin dar más detalles.
“En su familia son comerciantes; hace unos días a un compañero y a mí nos platicó (sobre la extorsión), a mí por llamada, quedamos de irnos a tomar un café porque no quería hablar el tema por teléfono”, comentó el comunicador veracruzano al diario capitalino.
“A grandes rasgos fue eso, que tenía un tema de inseguridad, el detalle es que los estaban amenazando, aquí es de lo más común el derecho de piso, la extorsión; tengo entendido que venía por el tema del comercio”.
Vázquez expresó, con preocupación, que “estamos desprotegidos, con temor, estamos a manos del hampa”.
Otro de sus amigos reveló al diario Excélsior que “nos pidió que le consiguiéramos los números del Batallón de Infantería. No dijo más, sí se le notaba preocupada. No quiso decirnos en ese momento de qué se trataba, sólo quedamos en ir a tomar un café para hablar sobre su preocupación, pero ya no pudimos vernos”.
Ayer, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó en su cuenta de Twitter que “el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Oliveira fue un acto cobarde y malvado. Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana; y la comunidad internacional que valora la democracia lo repudia”.
El diplomático estadounidense, quien ayer acudió a Palacio Nacional para entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador –quien en la conferencia mañanera advirtió que no asistiría a la Cumbre de las Américas convocada por su homólogo norteamericano Joe Biden si se excluía a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela–, afirmó que “la #libertaddeprensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la crecida de violencia contra periodistas”.
Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García difundió que en la reunión de trabajo de la COESCONPAZ, realizada la mañana de este martes, “se analizó el reporte de la @FGE_Veracruz así como la información que se indagó a partir de los lamentables hechos en el que perdieron la vida las dos integrantes de un medio electrónico en el municipio de Cosoleacaque”, puntualizando que “se decidió trabajar en cuatro líneas de investigación, dos de ellas sugeridas por los primeros indicios en el lugar de los hechos, los recogidos por la FGE y una que tiene que ver desde luego con la actividad que desarrollaban en el medio electrónico.”
“Se han tomado desde luego en cuenta los audios que presuntamente la misma víctima dirigía a otras personas de la zona y que ya circulan públicamente, así como todo indicio que lleve a esclarecer el hecho y dar con los responsables”, refirió el mandatario veracruzano.
En los audios que circulan en redes sociales se escucha la supuesta voz de Sheila Johana García Olivera, quien presuntamente discute con otras personas que tendrían tratos con capos de grupos de la región dedicados al narcomenudeo.
Sin embargo, ayer el portal digital Aristegui Noticias difundió un video en el que la periodista Violeta Santiago afirmó que la informadora Yessenia Mollinedo había recibido amenazas quince días antes de su asesinato, mientras que Ramiro Mollinedo, hermano de Yessenia que también es periodista y representante del gremio en Cosoleacaque, dijo que la amenaza podría haber venido de la policía estatal.
“La policía estatal de Veracruz ha estado involucrada en agresiones a periodistas”, acusó igualmente Violeta Santiago.
Señaló además que después del asesinato de Yessenia Mollinedo y Sheila García se filtraron imágenes de la escena del crimen y se criminalizó a las periodistas.
“Las fotografías circularon rápidamente y comenzó a circular que ambas mujeres traían sustancias prohibidas”, dijo Violeta, quien recriminó que “las revictimizaron a las pocas horas de su muerte”.
La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, está obligada a realizar una pulcra e incuestionable investigación sobre este par de crímenes atribuido a la delincuencia organizada.