Detrás de la muerte de 51 migrantes indocumentados en un tráiler de matrícula estadounidense, de los cuales 27 eran mexicanos y el resto centroamericanos, no sólo está una de las peores tragedias que se recuerden en el fenómeno de la migración ilegal, sino la confirmación de que las mafias de trata de personas en México, pero también en Estados Unidos, siguen operando impunemente por la corrupción de autoridades y agentes migratorios que impera tanto en el territorio mexicano, como en la frontera sur estadounidense.
Si bien anoche se acusó formalmente ante un tribunal estadounidense a dos ciudadanos mexicanos, Juan Francisco De Luna Bilbao y Juan Claudio De Luna Méndez, como los responsables directos de la muerte de los 51 migrantes indocumentados, está claro que esos dos mexicanos, que fueron ubicados en una casa de San Antonio Texas, en donde vivían como turistas, aunque ya se había vencido su tiempo de estancia legal en Estados Unidos, no actuaron solos y tenían cómplices de origen estadounidense. El tráiler donde fueron encontrados los cuerpos amontonados de los migrantes, tenía matrícula y permisos del vecino país, por eso pudo pasar la frontera y quizás por eso no fue revisado a fondo por las autoridades fronterizas de Estados Unidos.
Es cierto que los dos mexicanos detenidos y presentados ayer ante el Tribunal Federal de Distrito de San Antonio no admitieron su culpabilidad, pero sí dijeron entender los cargos que les imputan. Lo extraño de todo esto es que hasta ahora las autoridades de Estados Unidos no han dicho quién iba manejando el tráiler, que fue abandonado a la orilla de las vías del tren y en cuyo interior murieron hacinados los migrantes a los que se les encerró sin agua ni oxígeno, además de rociarlos con un condimento para carne, a fin de que no fuera detectado su olor por los perros entrenados.
Es casi seguro que, si se comprueba la participación de la mafia mexicana de trata detrás de esta tragedia, estos no hayan actuado solos y además de la complicidad de autoridades migratorias mexicanas, también hayan actuado en conjunto con una organización de estadounidense metidos también en el tráfico de indocumentados. Porque si no ¿cómo pudo un tráiler pasar, sin ser detectado, con un cajón lleno de migrantes ilegales hacinados y en condiciones inhumanas que les provocaron la muerte, por las ultravigiladas fronteras estadounidenses?
Lo grave de lo ocurrido el pasado lunes en Texas no es que sea algo nuevo; tragedias como esa ha habido varias, aunque no con ese número de muertos. Lo más delicado es que la muerte terrible de estos migrantes ocurre justo cuando se supone que el gobierno de Joe Biden y el de López Obrador están aumentando la cooperación y las acciones «para combatir a las mafias de trata de personas» entre los dos países, en el marco del llamado Entendimiento Bicentenario que suscribieron los dos gobiernos en octubre de 2021. ¿Cómo es que una tragedia tan grande pudo ocurrir cuando se supone que se refuerzan los controles y revisiones en la frontera común? La única respuesta posible es la corrupción de autoridades de los dos países.
Incluso, en la reciente Cumbre de las Américas, a la que no acudió el presidente López Obrador en Los Ángeles, y donde el canciller Marcelo Ebrard estuvo más ocupado en defender y justificar la ausencia de su jefe como una muestra de «rechazo a la exclusión de países» y estrategia para cambiar la relación histórica entre los países del continente, se suponía que una de las agendas principales que abordaron los gobiernos participantes fue precisamente la de la migración en el continente, en una supuesta búsqueda de acuerdos y acciones para organizar el fenómeno migratorio del sur al norte del continente y evitar, precisamente, tragedias como la ocurrida en el tráiler de San Antonio.
Queda claro, pues, que por más acuerdos, negociaciones y diálogos, la migración no va a ordenarse ni a dejar de ser un grave problema que pone en riesgo la vida de miles de personas, las más pobres de los países expulsores, mientras no se cumplan al menos tres condiciones: primero, una voluntad real del gobierno de Estados Unidos para reconocer el fenómeno y la demanda de mano de obra barata de su economía a través de un programa de visas de trabajo temporales, ordenado y realista; mientras los países expulsores de migrantes, principalmente México, Centroamérica y El Caribe, no mejoren sus condiciones económicas y sociales, no sólo con más y mejores empleos sino poniendo fin a la violencia que azota a sus ciudadanos y que en muchos casos los obliga a huir en busca de una vida tranquila y, finalmente, que se termine la corrupción en las instituciones migratorias de los países, entre ellos del Instituto Nacional de Migración de México, que sigue siendo parte de las mafias que promueven, auspician y lucran con la trata de seres humanos por el territorio nacional.