Seis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 fueron mantenidos vivos en una bodega por algunos días y presuntamente entregados al comandante de una base militar que ordenó su ejecución, reveló el gobierno.
Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, quien dijo que una persona identificada como el “coronel José Rodríguez Pérez” fue el responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de ese año en Iguala, Guerrero.
Al defender el informe de la Comisión de la Verdad que había presentado una semana atrás, Encinas indicó que se “presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel”, quien era comandante de un batallón de infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones.
El presidente de la Comisión de la Verdad dijo que se obtuvo esa información a través de llamadas al teléfono de emergencia que acreditan que los seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras las detenciones masivas del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el mismo estado. Cuando la semana pasada se presentó el informe, Encinas no mencionó al coronel, pero habló del caso de un soldado que fue infiltrado en el grupo de normalistas, que también fue desaparecido.
Ante el anuncio sobre la presunta participación de Rodríguez Pérez en la desaparición de seis estudiantes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)dijo a The Associated Press que se esperará el requerimiento respectivo de la autoridad sobre el caso.
Desde que ocurrió la desaparición de los estudiantes siempre hubo polémica sobre el papel que tuvo el Ejército en el caso. Mientras los familiares de los jóvenes y activistas repetidamente denunciaron que militares estuvieron involucrados de alguna manera en los hechos, el gobierno pasado rechazó los señalamientos y los excluyó de las investigaciones.
Encinas afirmó que a los normalistas los dividieron en diferentes grupos y que, incluso, se “mandaron a cocinar (disolver) a 10 de los estudiantes”. El funcionario señaló que en las desapariciones y muertes participaron integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos”, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado municipal y federal.
Luego de que Encinas diera a conocer la semana pasada el informe de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que iban desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
En esa oportunidad, el Ministerio Público no precisó los nombres de los militares implicados en el caso. Días después de los anuncios, la FGR detuvo al ex procurador general Jesús Murillo Karam, quien esta semana fue vinculado al proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos, respaldados por cuatro organizaciones humanitarias, afirmaron el viernes que la calificación del caso como “crimen de Estado” por parte de la Comisión de la Verdad, así como el reconocimiento de la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo elementos del 27 Batallón de Infantería, “da la razón” a lo que denunciaron desde un principio.
En un comunicado, los familiares manifestaron dudas sobre la hipótesis que se plantea en el informe del paradero de los jóvenes, y reiteraron que su lucha siempre ha sido por la verdad para que se acredite de la manera “más técnica y científica posible”. Asimismo, expresaron preocupación por los “obstáculos” que se han enfrentado en esta administración, en especial de parte de la FGR.
Sobre la detención de Murillo Karam, indicaron que “este es un paso hacia la rendición de cuentas de quienes fraguaron una versión falsa”.
“Ni el esclarecimiento de la verdad ni el acceso a la justicia pueden darse por satisfechos o concluidos”, señala el comunicado respaldado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización civil Servicios y Asesorías para la paz (SERAPAZ).