La inflación va para arriba y el gobierno va para abajo. Puras palabras de autoelogio y comparaciones con otras naciones, no para admitir que han resultado insuficientes los esfuerzos para contener la espiral y ponerse a trabajar en serio, sino para subrayar que en otros países están peor, lo cual es relativo, pero mantienen a la gente entretenida y mirando para otro lado. Desde mayo, cuando se anunció el plan antiinflacionario, la economía de bolsillo sigue deteriorándose. En abril, la inflación se ubicaba en 7.68 por ciento, y en agosto se había ido a 8.62 por ciento, el segundo registro más alto del siglo. El aumento se debió a la subida de precios en alimentos y energéticos, que supuestamente iban a controlar.
Cuando se anunció el plan, a principios de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la inflación afectaba a toda la economía, pero más a la gente con menos recursos. Frase noble, pero tramposa. La preocupación central del Presidente no es impedir la carestía de la vida, como describe el fenómeno, sino el impacto que pueda tener en las elecciones del próximo año y neutralizar su campaña de amedrentamiento al PRI, al estar en juego en 2023 las gubernaturas en su poder en el Estado de México y Coahuila.
El plan antiinflacionario tiene como motivación central la política-electoral, y la preocupación del Presidente está aumentando rápidamente. Durante más de dos semanas el tema de la inflación ha sido motivo de discusión en Palacio Nacional en las reuniones que tiene regularmente el gabinete, que casi nunca se publicitan. El Presidente está cada vez más molesto porque lo que ha instruido no se ha cumplido. Irónicamente es su culpa. La desarticulación en el gabinete la propició él mismo con sus instrucciones transversales, sacando a secretarios de Estado de sus ámbitos de responsabilidad, y culpando a quien se las quitó de no cumplirlas.
Es bastante esquizofrénico lo que sucede en Palacio Nacional con las directrices erráticas de López Obrador, que, sin embargo, no registra que la fuente del desorden es él, sino los demás. Algunos de ellos ya empezaron a expresar su molestia con el Presidente en algunas reuniones. La más importante, la del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien llevó a la mañanera a principios de agosto para anunciar el plan antiinflacionario, que días antes el Presidente había dicho que sería reforzado.
Ramírez de la O se ha mostrado molesto desde hace varias semanas porque el Presidente incorporó en la elaboración del plan antiinflacionario al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Funcionarios en la Secretaría de Hacienda sostienen que no hay inconformidad del secretario, pero colaboradores de Presidente han ratificado la información sobre los desacuerdos. La idea de López Obrador de incorporar al secretario de Gobernación, dice, es porque como la negociación con empresas es política debe ser él quien la encabece. Esas negociaciones, empero, no las hacía centralmente el titular de Hacienda –aunque tenía márgenes para hacerlo–, sino quien encabezaba la Secretaría de Economía. Gobernación no participaba.
Esta manera de trastocar funciones llevó a que hace unas dos semanas, cuando el Presidente le reclamó a Ramírez de la O que no hubiera presentado aún el plan, el secretario de Hacienda le respondió que no le fue solicitado a él, sino al secretario de Gobernación. López Obrador, revelaron funcionarios federales, se molestó porque no le habían hecho caso en el gabinete, y dijo que el plan se lo había pedido a ambos. López Obrador no se acordaba de lo que había hecho. Cuando comenzaron a preguntar sus colaboradores sobre lo dicho por Ramírez de la O, en la Secretaría de Economía le confirmaron lo dicho por el secretario de Hacienda, explicando que el secretario de Gobernación, cuando estaban preparando conjuntamente el plan, concluyó de manera abrupta una reunión de trabajo y no volvió a convocarlos.
López Obrador urgió, a través de sus colaboradores, que trabajaran conjuntamente para presentarlo… la semana pasada. Pero lo que sucedió es que se volvieron a cambiar instrucciones y se empezó a involucrar de manera crítica a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y al asesor presidencial at-large, Alfonso Romo, para que haga la negociación con los empresarios. Varias de las más grandes empresas en México han expresado su disposición a contribuir para contener la inflación, pero no ha habido una estrategia articulada que les presenten.
El discurso distractor también se está agotando. Ya no puede presumir el gobierno que la inflación en Estados Unidos es mayor que en México, pues bajó a 8.5 por ciento en julio, y aunque la inflación en Europa es superior a la mexicana, al encontrarse en 9.8 por ciento, las variables que inciden en ese continente son totalmente diferentes: la guerra en Ucrania que impactó las cadenas de suministro de granos y cereales, y las sanciones económicas a Rusia, que afectaron el abasto de gas y petróleo a Europa, que depende en 40 por ciento de sus hidrocarburos. Este entorno no se ha modificado por la determinación política de Occidente de seguir recortando las fuentes de financiamiento ruso para la guerra.
Los semáforos rojos están prendidos en Palacio Nacional por el costo que pueda tener para el Presidente y Morena en las urnas. Su índice de popularidad se mantiene alto y las encuestas electorales favorecen a su partido, pero aún no pasan la prueba de la carestía en el país, que se va a profundizar este año. El Índice de Confianza del Consumidor es una fotografía del futuro mediato. De las cinco preguntas que lo componen, la más importante es cómo ven su situación económica personal dentro de 12 meses. La confianza cayó 0.8 por ciento, con respecto al mes previo, pero el desplome comparado con el mismo periodo el año pasado fue de -3 por ciento.
Quienes resultan más afectados por la inflación son los sectores de menores ingresos, donde se encuentra la mayoría de los electores de López Obrador, afectados hoy por la esquizofrenia en su toma de decisiones y sus olvidos sobre qué instruye a quién.