En su edición impresa de ayer, jueves 23 –fecha en que se conmemoró el 29 aniversario del asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta–, el diario La Jornada, el más afín al obradorismo, publicó una pequeña nota informativa perdida en la página 11, titulada “La FGR revisa el caso Aburto por acusaciones de tortura”, en la que refiere que un grupo especial de agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos revisa 560 tomos de la indagatoria original para determinar si fue torturado Mario Aburto Martínez, homicida confeso del abanderado priista asesinado en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, en 1994.
La revisión del caso partió, 29 años después, de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según informaron fuentes judiciales a Gustavo Castillo García, reportero del diario capitalino, quienes le explicaron que, si se llegara a determinar que Aburto fue torturado, habrá acción penal contra los responsables, pero seguirán “vivas” las pruebas que acreditan su responsabilidad.
De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Aburto declaró voluntariamente haber disparado contra Colosio. Dos días después fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Desde entonces ha permanecido en reclusorios federales, cumpliendo la sentencia de 45 años de prisión por homicidio calificado. Sin embargo, su caso entró a revisión para cumplir la recomendación de la CNDH en 2021 y subsanar las deficiencias que se hubieran presentado.
El año antepasado, la CNDH determinó que elementos de la entonces la Policía Judicial Federal, adscritos a la PGR, así como agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de Aburto al Cefereso mexiquense, incurrieron en actos de tortura en su contra, y que los médicos que intervinieron en los hechos “actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”.
Ayer, a través de unos audios revelados por la periodista Laura Sánchez Ley, del diario Milenio, Aburto Martínez insiste que esa noche del magnicidio fue torturado por Manlio Fabio Beltrones, a la sazón gobernador de Sonora, y agentes de la extinta PGR.
Manlio, quien la tarde del crimen se encontraba de gira en Hermosillo, se trasladó a Tijuana por instrucción del presidente en funciones, Carlos Salinas de Gortari. Según el testimonio de Aburto, el entonces mandatario sonorense se encontró con él en persona y lo torturó en la zona del río a altas horas de la madrugada, junto con el comandante Raúl Loza Parra.
Beltrones, quien reapareció recientemente en el Estado de México –donde su partido, coaligado con el PAN, PRD y el local Nueva Alianza libra una intensa batalla contra Morena por la gubernatura–, es señalado de empezar a maniobrar a favor de la Cuarta Transformación para la sucesión presidencial de 2024, pues aparte de la sorpresiva renuncia partidista de su incondicional Arturo Zamora Jiménez, exdirigente de la CNOP, dizque para apoyar en Jalisco al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el sonorense, aliado con el dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno, acaba de fraguar la destitución del coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, con la complicidad de siete de los 13 legisladores del tricolor, entre ellos su hija Sylvana Beltrones y su compadre Manuel Añorve, quien sustituyó al hidalguense para “impulsar las prioridades legislativas de AMLO”, según algunas críticas periodísticas.
El pasado 5 de marzo, al anunciar que Movimiento Ciudadano (MC) no participaría en las elecciones del próximo 4 de junio para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, el dirigente nacional del partido naranja, Dante Delgado, aseguró que los comicios “son una farsa” y que “el pacto es evidente”, señalando que en el estado norteño “los partidos del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) –el Verde, PT y Morena– van separados, para que gane el PRI”, y en la entidad mexiquense “vamos a ver a toda la maquinaria priista trabajando en favor de Morena”.
“Durante las campañas vamos a ver a operadores que llevan toda la vida en el PRI, trabajando para Morena, moviendo recursos, estructuras, de todo. Vamos a ver al PRIMOR operando como lo han hecho ya en Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Sinaloa”, asentaba en el segundo de los seis puntos con los que MC explica por qué decidió no contender en estas dos elecciones estatales.
“Elección tras elección el PRIAN ha culpado a Movimiento Ciudadano de sus derrotas y Morena nos acusa de ser comparsas del PRIAN. En esta elección no tendrán ningún pretexto para seguirnos culpando. Se va a demostrar que la única alianza es la del PRIMOR”, consignaba el pronunciamiento del partido naranja, resumiendo que en MC van a seguir construyendo y trabajando juntos para darle una verdadera alternativa a México. “Nos vemos en el 2024”, concluía el comunicado.
¿A que “operadores que llevan toda la vida en el PRI” se referirá Dante?, preguntábamos en este espacio. ¿Acaso –inquiríamos– se tratará del sonorense Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional priista, exlíder del Senado y de la Cámara de Diputados que casualmente reapareció el 28 de enero pasado en el Estado de México, en la Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del PRD celebrada en Ixtapan de la Sal, donde acompañado de Alejandra del Moral, precandidata de la Alianza Va por México a la gubernatura, habló de los gobiernos de coalición para enfrentar al presidencialismo?
Y comentábamos que todo hacía suponer que sí, pues coincidentemente dos semanas después de su reaparición, la periodista Laura Sánchez Ley, del diario Milenio, publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) había reabierto una indagatoria en contra de Beltrones por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
La reportera refirió que desde el 8 de julio de 2022 la FGR había informado sobre la integración de un equipo especial de investigación y litigación para reabrir este caso y que la nueva fiscalía encargada de investigar el magnicidio estaba indagando la participación del exgobernador sonorense, muy cercano del extinto político veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, a cuyo lado se desempeñó como subsecretario en la Secretaría de Gobernación de 1988 a 1991, durante el salinato. Según Sánchez Ley, cuatro testigos y abogados que fueron llamados a declarar aseguran que las preguntas que les hicieron tendían a conocer a detalle la participación de Beltrones y su jefe de escoltas durante la presentación del supuesto homicida Mario Aburto en las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hace 29 años.
Y referíamos que no es la primera vez que la FGR presiona a Beltrones. Ya en marzo de 2021, tres meses antes de la elección de gobernador en Sonora –que ganó el morenista Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad de López Obrador–, el exdirigente priista, su esposa Sylvia Sánchez y su hija, la senadora Sylvana Beltrones, fueron investigados por una supuesta cuenta de 10.4 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra, en la que coincidentemente el actual mandatario tricolor del Estado de México, Alfredo del Mazo, fue exhibido también hace cuatro años por haber ocultado en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en ese pequeño principado ubicado entre Francia y España.
El año antepasado, el ex presidente del CEN del PRI aclaró al diario Reforma que “mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria alguna en Andorra” y que “jamás he depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, tampoco conocemos”.
“Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, dijo en aquella ocasión.
Y finalizó escribiendo que investigaciones como esa, “podrían obedecer a otras intenciones en tiempos electorales”.