Una vez que reciba la notificación formal, el gobierno federal anunció que impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, que dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral y suspendió su vigencia del denominado Plan B en materia electoral.
En consideración del gobierno federal, el marco legal establece que el ámbito electoral no es susceptible de controversias constitucionales, por lo que la SCJN se excedió con esta decisión, señaló la Consejería Jurídica, que consideró que “no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.
De igual forma, expresa su extrañeza de los tiempos en que se resolvió: “no es común que el viernes en la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corre anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, porque la Constitución no lo permite”.
Y agrega que tampoco ha sucedido, que un solo ministro de la Corte “dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por ocho ministros”.