La Conferencia del Episcopado Mexicano está convocando al Dialogo Nacional por la Paz a realizarse en septiembre próximo en la Universidad Iberoamericana, en la ciudad de Puebla. El Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, Secretario General de esa Conferencia, declaró a Joaquín López Dóriga que a través de ese Diálogo plantearán al gobierno “un rumbo distinto en la estrategia de seguridad del Gobierno federal ante la ola de violencia que se vive en el país… y quizás de volver a proponer revisar la estrategia de seguridad que no está funcionando… (y) porque creemos que hace falta muchísimo camino por recorrer”. En algún lado no gustarán esas expresiones, porque la propuesta va en sentido contrario a lo que el presidente ha dicho en repetidas ocasiones acerca de que la estrategia actual está dando resultados. Señala el Obispo Ramón Castro que “Hemos podido constatar que hay una descomposición social que nos preocupa, una descomposición en muchos aspectos del país…”, lo cual, sugiere, da origen a la violencia en nuestro país. Su aserto lo fundamenta en que en 2022, “de las 10 ciudades más violentas del mundo nueve son mexicanas o pensar que hay un promedio de 105 asesinatos violentos diarios en México, eso pone en evidencia que algo no está funcionando…”, allí queda ese planteamiento, que seguramente tendrá respuesta por la condición de Poder Fáctico que históricamente ha tenido el clero de la Iglesia católica en México. Pero respecto a la beligerancia de los grupos delincuenciales no vamos muy lejos para comprobarlo, porque en la aldea veracruzana no pasa un día sin acontecimientos de violencia, y afloran por doquier las huellas de la extorsión y del secuestro. El propio gobernador Cuitláhuac García vivió una dura experiencia apenas empezando su mandato cuando en el municipio de Chinameca fue rodeado de provocadores que supuestamente protestaban por la instalación de un basurero en el lugar; días después sucedió la masacre del bar Caballo Blanco, en Minatitlán, y sería largo enumerar los acontecimientos de violencia sucedidos en la entidad durante estos últimos años. Pero nada nuevo, porque desde Fidel y el duartismo el sur veracruzano ha sido rehén de la delincuencia, condición que permanece inalterable como dan fe las estadísticas que la realidad refleja. Pero, no debe pasar desapercibido que los gobiernos Federal y el Estatal cursan ya por su quinto año de un periodo de seis, y cuando observemos en retrospectiva los actuales acontecimientos, podremos ver con meridiana claridad, y acaso confirmar la tesis cuyo postulado dicta que, en México, a partir del quinto año de gobierno declina el poder presidencial, y esto se combina con la aparición de fuerzas opositoras emergentes actuando con inusual protagonismo previamente no manifestado; también que la suerte del principal la corre lo accesorio. Si eso está en lo correcto o es apreciación errónea no falta mucho para comprobarlo.