El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar como inconstitucional la reforma que transfirió el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y que el titular de esa dependencia proponga a quien sea nombrado como comandante de ese cuerpo de seguridad.
Con ocho votos a favor, se aprobó el proyecto del ministro José Luis González Alcántara Carrancá que propuso invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, ya que la Constitución establece el carácter civil de ese cuerpo de seguridad, y que las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir de manera extraordinaria en tareas de seguridad pública.
Los votos en contra fueron de los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar. Estos dos últimos ministros adelantaron su posicionamiento sobre este tema durante la sesión de ayer, cuando el pleno comenzó su discusión.
La SCJN también declaró inconstitucional que el personal castrense asignado a la Guardia Nacional siga sujeto a la jurisdicción militar y que el secretario de la Defensa Nacional tenga las facultades de proponer a la persona que se nombra como comandante de la corporación, así como de proponer las disposiciones administrativas de ese cuerpo
Este martes tomó la palabra la ministra Loretta Ortiz, quien expresó estar de acuerdo en el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
El ministro Luis María Aguilar consideró que las reformas aprobadas en materia de Guardia Nacional violaron el artículo 21 constitucional, que dice que ese cuerpo de seguridad debe ser de carácter civil.
“Se altera y trastoca la naturaleza civil de la Guardia Nacional”, dijo.
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek mencionó que el traspaso contraviene los artículos transitorios constitucionales de la reforma que creó ese cuerpo de seguridad, en especial el carácter de temporal y extraordinaria de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“La transferencia de manera permanente (…) es una readscripción y, técnicamente, un fraude a la Constitución”, puntualizó Laynez Potisek.
Durante su intervención, el ministro Arturo Zaldívar acusó que se “caricaturizó” la explicación que dio la sesión de ayer sobre el carácter civil de la Guardia Nacional, a pesar de que pase a la Sedena y calificó como “debate facilón” el tema de la militarización.
Agregó que la Sedena y el Ejército son entes distintos, y que los elementos de la Guardia Nacional se forman para combatir a la delincuencia y no para “derrotar al enemigo”.
Sobre la contradicción con su voto que dio en 2018 contra la Ley de Seguridad Interior, dijo que es “lógicamente válido porque son temas distintos”.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo indicó que le parecía importante la participación de la Sedena en la formación de los elementos del cuerpo de seguridad, pero que la Constitución es clara en que dicha corporación debe ser “civil, disciplinada y profesional” y adscrita a la Secretaría de Seguridad.
La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que le “resulta difícil creer que una institución de carácter civil (la Secretaría de Seguridad) retenga la dirección de la Guardia Nacional”, si no opera ni administra a ese cuerpo.
La ministra presidenta Norma Piña Hernández y el ministro Alberto Pérez Dayán resaltaron que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública debe ser excepcional.
La acción de constitucionalidad 137/2022 fue promovida por senadores de oposición en contra de las reformas a las leyes de Guardia Nacional, la Orgánica de la Administración Pública Federal y la Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre del año pasado.