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La tarde del pasado martes trascendió, desde Chiapas, el secuestro de 14 -otra versión expone que fueron 16- trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de aquella entidad; vecina de Veracruz por el lado de los municipios de Las Choapas y Uxpanapa, en el profundo sur jarocho.
Un grupo fuera de la ley -presuntamente del crimen organizado- envió, horas después, un video en el cual exigió al gobierno chiapaneco correr de sus cargos a funcionarios del ramo policiaco, a quienes acusa de ser cómplices de un grupo delincuencial enemigo.
Ayer circuló un segundo video, donde se exigiría por parte de los transgresores la aparición de una mujer supuestamente desaparecida a manos de las autoridades policiacas.
Quid pro quo, estarían planteando los criminales al gobierno; aunque, como los delincuentes -supongo- no saben latín, en pocas palabras pidieron respuesta positiva a sus peticiones a cambio de no quitar la vida de las víctimas.
Los secuestrados -varones, todos- trabajan en el área administrativa de la SSPPC chiapaneca; a quienes sumaron al chofer del camión que los transportaba luego de concluir su jornada laboral.
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A ese nivel se encuentra la inseguridad, la violación del estado de Derecho, la corrupción, la construcción de un Estado paralelo y la coyuntura de un Estado fallido en Chiapas -como en otras partes de México-.
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Ayer, trascendió la liberación de los empleados estatales -y el chofer- secuestrados; cuyo único pecado ha sido trabajar en una Secretaría de Seguridad exhibida como foco de pudrición en la estructura oficial abocada a garantizar la paz y tranquilidad de la sociedad.
Chiapas arde, plantean diversas fuentes: algunas periodísticas y otras ciudadanas -anónimas por razones de sobrevivencia-.
Los enfrentamientos con saldos de masacres se incrementan en el estado colindante con Guatemala.
Han ocurrido casos en la región de Ocozocuatla, ahí donde una vía rápida -oficialmente autopista, aunque no cumple tal condición- comunica al sur veracruzano con la capital chiapaneca: Tuxtla Gutiérrez.
En la propia ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con unos 604 mil 147 habitantes (INEGI, 2020), la delincuencia ha ido ganando la batalla frente a la paz de antaño, hoy vuelta nostalgia en una población tan antigua y bella como azul, verde y poética.
Comalapa, municipio chiapaneco fronterizo con Guatemala, es tierra de nadie, lugar de desplazados, escenario de pugna entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.
El Chiapas de Rosario Castellanos, Jaime Sabines y Belisario Domínguez se ha convertido en el Chiapas de la mafia; por lo menos desde los años 80s, cuando su frontera fue empleada para el trasiego terrestre de cocaína colombiana adquirida por el cártel de Guadalajara y anexas.
Chiapas, en 1994, se convirtió en la fotografía de grupos indígenas explotados por caciques y traicionados por el gobierno, “descubierta” por el mundo gracias a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Pueblos originarios instalados por caciques y gobierno en una realidad semejante a la de los siglos XVIII y XIX, no obstante haber ocurrido -en lo que hoy denominamos Estados Unidos Mexicanos- una guerra de Independencia y una Revolución de 1910, generaron de pronto el pudor de intelectuales, académicos, mestizos, clasemedieros, soñadores de México y el mundo; convertidos desde entonces en turistas revolucionarios…
Ambos procesos no desarrollaron beneficios de fondo para tzotziles, lacandones, chamulas, zoques, tojolabales y tantas etnias y sectores mestizos sumidos en la pobreza de pobrezas de un México profundo irreconocible dentro del México profundo.
Evidentemente, las respuestas del Estado mexicano hacia Chiapas durante los últimos 29 años no han atendido con eficiencia ni justicia los reclamos del EZLN ni del resto de Chiapas.
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Las respuestas -reconocido cierto, relativo, parcial esfuerzo gubernamental en todos los niveles- no han sido suficientes y en algunos aspectos -destaca el de la inseguridad- las cosas lucen cada vez peor.
Empero, el Chiapas de hoy -donde varios cárteles se disputan todo el mercado negro: tráfico sexual, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, tráfico de maderas preciosas, tráfico de influencias, cobro de piso, etcétera- padece, además de los rezagos puestos en el escenario mundial por el alzamiento zapatista, elementos de construcción de un Estado paralelo.
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Hay dos estructuras de poder en Chiapas, cuya selva arde, al tiempo que su condición sociopolítica e inseguridad imparable están a punto de hacerle estallar.
Una estructura de poder o Estado paga a burócratas para garantizar la seguridad ciudadana.
Otra estructura de poder o Estado paralelo paga a sicarios para comprar, amenazar, cooptar, secuestrar a sus pares oficiales.
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¿Quién puede pagar ese caos político, institucional, de profunda condición sociocultural dañada, donde la visión humanista, plurilingüística, cristiana -en el sentido más comprometido con los derechos humanos desde el concepto católico- encabezada y representada como nadie por el Tatik Samuel Ruiz, desapareció con su muerte e hipócritamente se reemplazó por una izquierda que no es izquierda instalada en un gobierno que no gobierna?
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Rutilio Cruz Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, es cuñado de Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación y corcholata en el juego sucesorio de la presidencia.
Muy su asunto, que sean parientes políticos Rutilio Cruz y Adán Augusto.
El tema, por encima de este vínculo, es Chiapas.
Rutilio Cruz es su máxima autoridad local y Adán Augusto fue responsable de la política interior del país hasta el pasado 16 de junio… Y frente a las narices de este par Chiapas se desangra.
El jefe político de ambos -no me vayan a salir con que las entidades federativas son independientes- ha dicho, sin pudor alguno, que Chiapas es un estado luminoso, tranquilo y pacífico.
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Preguntemos su opinión a los 14 ó 16 trabajadores de seguridad pública secuestrados el martes pasado.
Sería una forma de realizar una verdadera encuesta, seria, sobre el tema de la vida y la libertad…