En los últimos años, todos los procesos electorales y en especial los locales, han ido acompañados de gran cantidad de hechos de violencia por la disputa de cotos de poder, en todos los niveles.
Tan solo en la elección intermedia celebrada en 2021, se registraron mil 66 agresiones en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 954 víctimas de diferentes delitos, lo que representó un porcentaje 38 por ciento mayor al del proceso electoral de 2018.
Del total de víctimas, 611 fueron hombres y 343 mujeres; 693 de las víctimas competían para cargos de elección popular y 75 por ciento eran opositores de sus respectivos gobiernos estatales. Esos comicios terminaron con un total de 102 homicidios contra políticos, de los cuales 36 eran aspirantes y/o candidatos; 87 eran hombres y 15 mujeres.
De acuerdo con este análisis de la consultora Etellekt, la violencia política fue determinante en esos comicios y seguramente influyó en el sentido de los resultados, que fueron favorables en lo general para el partido en el poder, Morena.
El proceso electoral que formal y legalmente aún no comienza y que culminará en 2024 con la sucesión presidencial, relevos en nueve gubernaturas, la renovación total del Congreso de la Unión y en más de mil ayuntamientos, está contaminado desde ahora por una alta carga de violencia. Verbal, simbólica y real. De la de a de veras.
Está ampliamente documentada la manera en la que irresponsable e ilegalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador agrede un día sí y otro también a los periodistas, a los activistas, a los opositores y a cualquiera que no doble la cerviz ante sus exabruptos y autoritarismo, como sí hacen sus serviles y dóciles corifeos y textoservidores, cuya dignidad vale menos que un plato de croquetas.
La andanada del presidente y de todos sus amanuenses en contra de la senadora Xóchitl Gálvez ha sido tan feroz y desproporcionada –y miserablemente tolerada por las autoridades electorales-, que la posibilidad de que de la violencia verbal y simbólica se pase a la física no es descabellada ni impensable, lo cual ha sido retomado por varios analistas y rechazado rabiosamente por los aplaudidores de la dizque “cuarta transformación”.
Incluso, la noche de este miércoles los gobernadores de Morena publicaron un enésimo desplegado acusando a quienes calificaron como “opinadores vinculados al viejo régimen” de “sembrar temor, argumentando que la época de la violencia política (que con mucho dolor y esfuerzo superamos las y los mexicanos) pudiera regresar”.
No tiene que regresar lo que nunca se ha ido. Para muestra, el reciente asesinato de la empresaria, activista y operadora de la precandidatura presidencial morenista de Adán Augusto López Hernández en Poza Rica, Zayma Zoraya Zamora, ejecutada a mansalva plena luz del día este martes.
Zayma Zamora fue candidata a la presidencia municipal de Poza Rica en el pasado proceso electoral local en Veracruz. Seguramente buscaba una candidatura el año entrante. Hoy está muerta y con ella se inaugura la temporada de violencia asociada directamente a la política.
Tanto así, que hasta sus “compañeros” en Morena se han intentado deslindar de ella, la criminalizaron y hasta pretendieron negar que apoyaba a una de las “corcholatas”. Y no precisamente a la “favorita”.
Que los infames gobernadores de Morena se atrevan a decir que la época de la violencia política ha sido “superada” es un insulto a la ciudadanía y una prueba de su estulticia. Pero que Cuitláhuac García diga que “pedimos a estos opinadores que dejen de ser irresponsables y a la oposición a que entienda que México ya cambió, que el gobierno de la 4T promueve la libertad de expresión, que no reprime ni genera violencia” es vomitivo.
Como su gobierno. Como todo este régimen.
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