Un mes antes de iniciar formalmente su sexenio, Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Esta decisión, muy costosa y notablemente absurda, constituyó una llamada de alerta para no pocos inversionistas nacionales y extranjeros.
Las consecuencias de ello se manifestaron de inmediato. A finales del sexenio peñista, en el último trimestre del año 2018, se había registrado una inversión privada del orden del 20.3% del producto interno bruto (PIB). Ese porcentaje había sido complementado con un 3.1% de inversión pública, para una inversión total de 23.4% del PIB.
En el caso de la inversión privada en México el piso aceptable, el mínimo aceptable, es 20% del PIB, y lo que se registró a fines de ese sexenio fue ligeramente mayor. En el caso de la inversión pública el porcentaje deseable es al menos 4% del PIB, por lo que ya se manifestaba desde entonces una falta de gasto en infraestructura pública que era preocupante. Aun así, ni siquiera ese magro porcentaje del 3.1% ha podido ser alcanzado durante el sexenio obradorista. Entre los elefantes blancos que hay que alimentar hasta el cada vez menor espacio fiscal del actual gobierno, ya no da el resto del presupuesto para mucho.
Pero un tanto más interesante es la evolución de la inversión privada a lo largo de los ya casi veinte trimestres que han transcurrido en este sexenio. El porcentaje de 20.3 a fines de la administración peñista se desplomó a 19.2% del PIB un año después, en el último trimestre del 2019, debido especialmente a la cancelación del NAIM. Luego llegó la crisis económica por la pandemia y en consecuencia la inversión privada volvió a caer hasta 18.1% del PIB a finales del año 2020.
Al final comenzó a darse un repunte, de la mano de la recuperación nacional que poco a poco se fue desarrollando tras el confinamiento que ocasionó el coronavirus. La inversión privada subió entonces hasta un 19.4% del PIB a fines del 2021, similar al que existía antes de la pandemia. Y la mejoría continuó dándose a lo largo del año 2022, hasta llevar el porcentaje de inversión privada a 20.2% del PIB, una cifra ligeramente inferior a la que se tuvo a fines del sexenio peñista.
La realmente buena noticia se está dando, sin embargo, durante este 2023. En los dos primeros trimestres del año los porcentajes de la inversión privada fueron, respectivamente, 21% y 22% del PIB. Este último porcentaje es ya el mayor del que se tiene registro sobre la llamada formación bruta de capital fijo; esto es, el valor de los bienes de capital adquiridos por las empresas para sus procesos de producción.
Si no fuera por la escasa inversión pública que se dio de manera aparejada, 2.7 y 2.8% del PIB, ya se hubiera cruzado un umbral que es codiciado por muchos países: tener una inversión total mayor al 25% del PIB.
Así pues, la relocalización que están haciendo últimamente las empresas multinacionales está comenzando a beneficiar a México. Crucemos los dedos para que el gobierno no riegue, como de costumbre, el tepache. Urge en el país una mejor infraestructura de electricidad y urge salvaguardar de manera efectiva la seguridad pública.