La fórmula de la Alianza Va por México, que fue la primera versión de la coalición opositora que hoy se hace llamar Fuerza y Corazón por México, fue una idea impulsada por un grupo de empresarios para las elecciones intermedias de 2021. Claudio X. González armó y diseñó, con la ayuda de un matemático del ITAM, el reparto de las candidaturas a diputados federales en aquella elección y, con criterios de votación, presencia y posibilidades de triunfo de cada partido, se repartieron los 300 distritos electorales de manera ordenada y negociada entre el PAN, PRI y PRD, lo que llevó al éxito de aquella coalición que le arrebató hace 3 años la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados.
Pero a diferencia de hace tres años, los dirigentes de los tres partidos, esta vez decidieron que los empresarios, no tenían por qué decidir cómo se repartían las candidaturas y las oposiciones y le cerraron la puerta a X. González y a sus matemáticos, para decidir por ellos mismos cómo se repartían las postulaciones y posiciones para las elecciones federales del 2024. Fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien convenció a Marko Cortés y a Jesús Zambrano de que ya no necesitaban los recursos del empresariado y que ellos podían decidir y negociar por sí solos cómo asignar las candidaturas a cada partido. «Si nosotros somos los dueños del carrito, por qué tenemos que hacerles caso a ellos. Arreglémonos nosotros», planteó «Alito» y la antigua Va por México le cerró la puerta al grupo de empresarios que los habían apoyado y financiado en 2021.
El resultado de la ambiciosa idea del líder priista está hoy a la vista en la fragilidad de la alianza opositora en la que han aflorado pleitos, acusaciones y balconeos que han expuesto y evidenciado un reparto vergonzoso de puestos, cargos y hasta posiciones del Poder Judicial en los estados y notarías, lo que ha agudizado las tensiones entre el PRI y el PAN y ha reducido a un papel meramente testimonial a lo que queda del PRD. Salvo la candidatura presidencial, en donde sí permitieron la opinión de las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en UNIDOS, que es el grupo antes llamado Va por México que lidera Claudio X. González, en el resto de las posiciones en disputa, como son diputados, senadores, gobernadores y alcaldes, los dirigentes de los partidos opositores han privilegiado a sus cuates y grupos políticos en las listas plurinominales, mientras en las de mayoría han convertido el reparto de candidaturas en una rebatinga penosa que no necesariamente les garantiza candidatos ganadores en los distritos y senadurías.
Y es que, a diferencia del 2021, cuando un grupo de grandes empresarios que están en contra de la 4T se organizó y decidió que «para evitar que nos pidan dinero a cada uno para sus campañas, hagamos una bolsa común y que haya un solo conducto para apoyar a los partidos de oposición», cuyo representante nombrado por todos los que aportaron dinero era precisamente X. González, en estas elecciones la oposición hizo a un lado a Claudio y a su grupo, que aun así alcanzaron a influir para la postulación de la candidata presidencial de la alianza, Xóchitl Gálvez, a quien sí promovieron y apoyó ese grupo de empresarios, luego de seleccionarla y medirla a través de una estrategia de focus group en más de 150 de los distritos electorales en los que se define la elección presidencial.
Pero en el resto de las nominaciones y candidaturas de este 2024, los «dueños del carrito» tomaron sus propias decisiones y, a partir de negociaciones, algunas encuestas, intereses de grupo y un criterio nada matemático, sino más bien de cuotas y cuates, están definiendo a la mayoría de sus candidatos a las diputaciones, senadurías y gubernaturas que se disputarán el próximo 2 de junio. A partir de que le apuestan al «voto de castigo» más que a las desgastadas y desmanteladas estructuras del PRI y del PAN en la mayor parte de la República, podría ser posible que «Fuerza y Corazón por México» lograra arrebatarle de nuevo las mayorías en el Congreso federal a Morena; pero no hay cálculos ni mediciones que hoy le garanticen a la oposición la efectividad de sus candidatos tanto al poder legislativo como en las 9 entidades que renovarán gubernaturas.
Sobre todo, porque, a diferencia de 2021, los empresarios que representa Claudio Jr. no están financiando en esta ocasión a los candidatos a diputados y senadores, a partir de que los tres dirigentes «Alito», Marko y Jesús, los marginaron del proceso de selección y negociación de los distritos y senadurías. Eso podría significar un cambio importante en la competencia por el Congreso, donde si bien Morena no tiene los mejores números, a diferencia de la elección presidencial, tampoco los candidatos de la oposición al legislativo serán tan competitivos como hace tres años. Así que al final la disputa por San Lázaro y por el Senado, con sus respectivas mayorías, dependerá de factores como la participación ciudadana en la votación a nivel nacional, en el caso de la oposición, y de la operación de las estructuras clientelares de programas sociales y la operación directa de los gobernadores de Morena, en el caso del partido oficial.
Hoy, en medio de la que todos, oposición y gobierno, consideran una contienda decisiva y definitoria, a la 4T se le ve no solo dispuesta a todo, incluido el uso de cualquier tipo de recurso público para apuntalar a sus candidatos, con tal de mantener el poder y completar el llamado «Plan C» del presidente López Obrador, que también está jugando y haciendo campaña todos los días en favor de su partido y de su candidata, porque sabe que está de por medio la permanencia o caída de su nuevo régimen autoritario. Pero dentro de todo eso, se ve mucho más unidos a los morenistas, que están cerrando filas en torno al proyecto de continuidad que representa Claudia Sheinbaum, incluido el rebelde sin causa, Marcelo Ebrard, y por supuesto la cargada de 22 gobernadores que están metiéndose con todo a las campañas electorales. Y por supuesto, el crimen organizado que también parece cerrar filas con el proyecto lopezobradorista.
Mientras que, a la oposición, particularmente a los autonombrados «dueños del carrito», que son los empequeñecidos dirigentes de partido, se les ve divididos, confrontados por el reparto de «huesos» y cargos, y sin recursos suficientes para enfrentar a la maquinaria del partido de Estado.
El factor final para saber si se impone el nuevo modelo de partido de Estado de Morena y la 4T, al que muchos, dentro y fuera de México, definen como el riesgo de un sistema autoritario que torne en una dictadura, no serán ni el dinero a raudales y la ilegalidad como bandera que están blandiendo Morena y la 4T, ni siquiera el poder intimidatorio y asesino del narcotráfico que ya sabemos que opera a favor del oficialismo; y mucho menos serán los enanos dirigentes de la oposición que están más apurados por mantener sus cotos de poder para ellos y sus cuates. El factor decisivo será la participación ciudadana en la elección: de qué tantos electores decidan salir a emitir su voto a las urnas, depende quién ganará la Presidencia de la República y quién o quiénes controlan la próxima legislatura del Congreso de la Unión. Como dijera el clásico, no nos hagamos bolas, los que definen son los ciudadanos y su nivel de participación en estas elecciones.
Los dados mandan Escalera. Segundo buen tiro.