Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Después de un intenso jaloneo, finalmente el Congreso del Estado procesó tres nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todos, con ligas con el grupo gobernante en Veracruz.
Como lo adelantamos en este mismo espacio, fueron nombrados como magistrados Arturo Sosa, quien se desempeñaba como director de Patrimonio del Estado; Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien era representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura; y Claudia Marlen Galán Espinoza, quien fungía como representante del Poder Ejecutivo ante ese mismo órgano del Poder Judicial estatal.
Claramente, ninguno cuenta con un perfil ni trayectoria judicial. Sosa viene de ser empleado en el gobierno de Cuitláhuac García en una dependencia en la que antes despachó David Jiménez, acusado de despojo, y contra quien ni siquiera se molestó en simular como que lo investigaba. Claudia Marlen Galán de por sí era la representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura.
El enroque más significativo es el de Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien está ligado al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena Juan Javier Gómez Cazarín, así como al secretario del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, quienes a su vez llevaron al ahora ex consejero del IVAI, Alfredo Corona Lizárraga –quien indebidamente dobleteó cobrando al mismo tiempo una beca Conacyt- a la representación del Poder Legislativo en la Judicatura.
Lo que el agonizante régimen de Cuitláhuac García busca es protegerse de eventuales investigaciones penales por los malos manejos que han hecho de los recursos durante su administración, colocando incondicionales y tomando por asalto al Tribunal Superior de Justicia, al cual han convertido en un botín de complicidades.
No por nada las Barras, Colegios, Asociaciones, Federaciones y Alianzas de Abogados del estado de Veracruz criticaron duramente lo que llamaron “la decadencia de la impartición de justicia” en la entidad.
En una carta dirigida al gobernador Cuitláhuac García, los abogados subrayaron que “de los 22 magistrados que han sido nombrados durante el periodo que abarca del año 2019 a la fecha, la mayoría de ellos no cuentan con el perfil que exige el alto compromiso de impartir justicia a los veracruzanos, de un total de 33 magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado (…), así como no cumplen el requisito de guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la propia de nuestro Estado, las leyes que de ellas emanan y los principios fundamentales de derecho”.
Eso, aseveraron, “ha provocado la decadencia en la impartición de justicia en nuestro estado, el cual ocupa el lugar 23 de 32 estados según el índice del estado de derecho, realizado por World Justice Proyect 2022-2023. De igual forma el estado de Veracruz se encuentra en la posición 32 de 32 estados en Justicia Civil y en el lugar 30 de 32 en Justicia Penal, generando un severo detrimento en la calidad de la justicia”.
Por esa razón, le exigieron al gobernador “que quienes sean propuestos, sean profesionistas con un alto sentido de responsabilidad, probidad, formación académica en derecho y experiencia en el funcionamiento de Juzgados y Salas del Tribunal Superior de Justicia”.
Obviamente, los juristas fueron olímpicamente ignorados y la pandilla gobernante puso alfiles en cargos que implican grande responsabilidades legales, pero también políticas.
¿Sabe que fue lo primero que hicieron los flamantes magistrados y consejeros de la Judicatura apenas recibieron sus nombramientos? Irse a tomar la foto con su “patrón”, el diputado Gómez Cazarín.
Tal cual va a ser su “autonomía”.
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