Este domingo 25, la ex candidata presidencial Cecilia Soto, declarada socialdemócrata y feminista, publicó en su cuenta de la plataforma X, antes Twitter, el siguiente comentario: “Que la Mesa de Consulta de #Sheinbaum, programada para hoy, se tuvo que suspender. El ponente principal era @ArturoZaldivarL No tuvo mucho jalón, quién sabe por qué”.
Los comentarios de los internautas fueron lapidarios contra el ministro en retiro, quien la semana pasada fue exhibido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador al revelar en su conferencia mañanera que cuando Zaldívar presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le pedía que intercediera en algunos casos para hablar con algunos jueces o magistrados, principalmente cuando se trataba de la liberación de algunos generadores de violencia.
Pero, este lunes 26, en la redes sociales y grupos de WhatsApp circuló un video en el que se da a conocer que el ex presidente de la SCJN y dos de sus cercanos excolaboradores, que fueron espiados mediante el malware Pegasus, estarían implicados, junto con el periodista Ricardo Raphael, en el litigio que mediante el tráfico de influencias se pretendía liberar a dos mujeres involucradas en el secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, y por cuya colaboración Zaldívar recibió al menos dos depósitos en una cuenta personal de Banorte que no figura en su declaración patrimonial: uno por 300 mil y otro por 600 mil pesos, según las fichas de las transferencias bancarias exhibidas.
Este caso, de hecho, ya se había ventilado desde hace un año, en febrero de 2023, cuando el entonces Secretario Técnico de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Salvador Leyva Morelos Zaragoza, presentó su renuncia al cargo tras denunciar que fue víctima de espionaje con Pegasus y acusar que existía influencia de “poderes ajenos” a la institución.
El uso de Pegasus contra Leyva Morelos Zaragoza y otros empleados adscritos a la Defensoría Pública Federal se relacionó desde entonces con el presunto espionaje que en su momento denunció el periodista Ricardo Raphael, tras la filtración de conversaciones que tuvo con el propio Salvador Leyva sobre diversos procesos legales relacionados con el caso Wallace.
Mediante una carta enviada a la nueva titular del organismo, la magistrada Taissia Cruz Parcero, el también responsable de la defensa de los seis implicados en el caso Wallace, expresó su temor de que se abandone la asesoría jurídica de quienes fueron acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, regresando a prácticas del pasado cuando los defensores públicos federales encubrían casos de tortura y violaciones al debido proceso.
En su carta, Leyva Morelos Zaragoza adjuntó el dictamen de Citizen Lab en el que se confirmaba la infección con Pegasus de su teléfono celular.
Leyva Zaragoza agregó que gran parte de su preocupación obedecía a que Abraham Pedraza Rodríguez –a quien identificaba como “cuñado” de la señora Miranda de Wallace– trabaja como Secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández.
“No puedo dejar esta institución sin expresarle el profundo temor que tengo de que la defensa de Brenda, Juana Hilda, Tony, Albert, Jacobo y César, implicados en el fabricado secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, sea vulnerada como en administraciones anteriores, en las que personal de la defensoría encubrió tortura y contribuyó a que se violara el debido proceso, cediendo a influencia de personas ajenas a la institución”, argumentó.
Además, le informó a la magistrada Cruz Parcero que tras un análisis a varios teléfonos de personal adscrito a la Defensoría Pública federal y él mismo fueron víctimas de espionaje e infecciones con el malware Pegasus, esto de acuerdo con análisis realizados por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
En palabras del propio Salvador Leyva, el espionaje que ya había denunciado ante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está relacionado con la defensa que se hacía desde el IFDP de Brenda Quevedo y Juana Hilda González.
Por último, el ahora ex servidor público señaló que la propia magistrada Cruz Parcero fue integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México que, durante seis años, no resolvió un amparo presentado por dos de los imputados en el caso Wallace, Albert y Tony.
También reclamó que no comparten criterios en materia de derechos humanos para la resolución de casos relacionados con tortura y violaciones al debido proceso: “Usted no está de acuerdo en que se juzguen ‘delitos’ cometidos hace 17 años con estándares de derechos humanos actuales. Yo no estoy de acuerdo en que una persona tenga que pasar más de 15 años privada de su libertad sin sentencia.”
Pero Salvador Leyva no fue el único exfuncionario cercano a Zaldívar que fue espiado. Otro más fue el ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien a mediados de enero de este año fue designado Secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la flamante ministra Lenia Batres Guadarrama, la autollamada “ministra del pueblo”, designada directamente por el presidente López Obrador luego de que el Senado de la República rechazó en dos ocasiones las ternas propuestas por el Ejecutivo federal.
Ayer, por su parte, la magistrada Elba Sánchez Pozos también arremetió en contra del ex presidente de la SCJN, al narrar en el noticiero “Aristegui En Vivo” que durante 2019 denunció las malas prácticas que tenían algunos de sus colegas del tercer tribunal colegiado de Cancún, Quintana Roo, lo que le valió ser avisada de su cambio a otro tribunal y posteriormente ser suspendida de sus labores, lo que ella consideró como presión por parte de Arturo Zaldívar, quien presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento y quien avaló estas decisiones en su contra.