La poderosa agencia antidrogas estadounidense, DEA por sus siglas en inglés, alertó en un memorando interno que circula entre sus directivos y agentes que la elección de jueces y ministros por el voto popular, que propone la reforma judicial que impulsan el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, abriría la puerta a que los cárteles mexicanos que hoy dominan y controlan buena parte del territorio nacional, preparen y postulen a sus abogados y juristas como candidatos a ministros, magistrados y hasta jueces del nuevo Poder Judicial de la Federación que se pretende crear a partir del próximo mes de septiembre.
Una fuente directa de la DEA en Texas confirmó el contenido del memorando en el que la agencia del Gobierno de Estados Unidos fija su postura sobre el llamado Plan C de López Obrador y en el que se pone la voz de alerta porque, dice, «los 13 cárteles que dominan la República Mexicana se preparan para tomar por asalto los Poderes Judiciales locales» y señala que los cárteles más grandes, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Noroeste y todas sus ramificaciones, ya preparan a sus abogados para impulsarlos como candidatos a juzgadores, magistrados y hasta ministros, aprovechando la reforma constitucional que aprobará en septiembre la mayoría de Morena.
El texto afirma que los cárteles «ya saben ganar elecciones» en los estados donde dominan, porque además de imponer alcaldes, controlan las policías locales y las secretarías de obras municipales, por lo que es de esperarse que en las entidades de las que tienen control busquen intervenir en la elección de integrantes del Poder Judicial postulando y promoviendo a sus propios candidatos, incluso con el apoyo de algunos partidos políticos que gobiernan en esos estados. Porque, según la DEA, el riesgo de ver «candidatos del narco al Poder Judicial» no sólo se daría en estados donde gobierna Morena, a cuyos candidatos han apoyado en algunos casos los cárteles, como Nayarit, Sinaloa, las dos Baja Californias, Sonora y Tamaulipas, sino también en entidades gobernadas por el PRI, como Coahuila y Durango; donde gobierna el PAN, como Guanajuato y Chihuahua, o también en estados donde gobierna MC, como Jalisco y Nuevo León.
Justo ayer, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador reconoció que sí «hay riesgos» en abrir las elecciones de ministros, jueces y magistrados al voto electoral y popular, pero dijo que se va a blindar la reforma judicial para evitar que eso ocurra. «Yo sostengo, por ejemplo, que va a ayudar mucho la elección, la pura elección. Se corren riesgos, como en todo, por eso no quieren tanta democracia algunos. Salió un artículo en un periódico famoso, hablando de la democracia en México y decían: ‘Sí, sí, sí, la democracia, pero no tanta’, o sea, la crítica está en que, según ellos, hay mucha democracia», dijo ayer el mandatario ante una pregunta de un reportero en su conferencia matutina.
Justo el fin de semana, el Presidente estuvo visitando Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, acompañado de la doctora Claudia Sheinbaum. La enemistad entre la DEA y López Obrador es de sobra conocida y se originó con la decisión de la actual administración mexicana de limitar y cancelar los permisos de un buen número de los agentes estadounidenses pertenecientes a esa agencia que estaban asignados a tareas de investigación y seguimiento del narco mexicano en el territorio nacional, por lo que el citado memorando interno cuyo contenido se ha filtrado a medios y periodistas estadounidenses se inscribe claramente en esa guerra entre la agencia antidrogas y el gobierno lopezobradorista.
En todo caso, más allá del contexto político, lo que está claro es que sí hay riesgos y peligros cuando se busca «democratizar» la elección de funcionarios judiciales que, por antonomasia y tradición, deben de tener perfiles muy claros no sólo de honestidad, sino de preparación académica y conocimientos del derecho, en sus distintas ramas y de la teoría Constitucional. Porque si lo que alerta la DEA llegara a ocurrir, en un país donde claramente está probado que el narco vota e influye en las elecciones y si no que se lo pregunten a los 38 candidatos asesinados en el reciente proceso electoral por el crimen organizado o al alcalde electo que ayer mataron en Guerrero, si no es real que los cárteles de la droga ya participan, deciden e influyen en los resultados electorales.
Y aunque el Presidente habla de «blindar» su reforma para evitar esos peligros de un supuesto «exceso de democracia» en la elección de un nuevo Poder Judicial, si no pudo hacerlo su gobierno en las elecciones normales de cargos de elección que acaban de concluir, ¿qué garantiza que podrá evitar la infiltración de candidatos del narco a la Suprema Corte, a los Tribunales Colegiados, al Tribunal Electoral federal o a lo que sea que sustituya al Consejo de la Judicatura?
Si eso ocurre, tristemente el último reducto que le hacía falta al narcotráfico mexicano y a sus poderosas y violentas organizaciones para completar en México un narcoestado, era el Poder Judicial, que si bien ya lo tenían infiltrado, a través de algunos jueces y magistrados que aceptaban trabajar para ellos, pero estaban muy focalizados, con la primera elección «abierta, democrática y por voto popular» de los integrantes del Poder Judicial prácticamente los capos de la droga podrían controlar también a parte del último poder del Estado Mexicano que les faltaba.
Y ya con el bautizo de una elección y además teniendo ellos a sus abogados defensores, que están preparados y que son los que se dedican a cabildear y a sobornar actualmente a gobiernos, políticos y a jueces, pues ya tienen el camino abierto para buscar tener sus propios narcojueces, narcomagistrados o hasta narcoministros que ya no sólo les den fallos a modo a cambio de dinero, sino que les responderían única y totalmente a ellos y no al «pueblo bueno», como reza el discurso oficial.
Por algo dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y reformas constitucionales supuestamente bien intencionadas… Los dados mandaron Serpiente Doble. Descenso obligado.