Expresión Ciudadana
Carlos A. Luna Escudero
El Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ofrece un análisis profundo sobre las carencias y desigualdades que enfrentan millones de estudiantes en México. Lejos de garantizar el derecho a la educación para todos, el sistema educativo actual perpetúa brechas sociales que dificultan el desarrollo integral de las nuevas generaciones, especialmente en sectores marginados.
Desigualdad desde los primeros años
El acceso a la educación inicial es un reflejo claro de la inequidad. Según el estudio, solo el 4.8% de los niños de 0 a 2 años tienen acceso a programas educativos, mientras que cerca del 24% de los niños entre 3 y 5 años no están inscritos en preescolar. Estas cifras son alarmantes, considerando que la educación temprana es fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social.
La falta de cobertura en esta etapa no solo limita las oportunidades de aprendizaje, sino que también perpetúa desventajas en el futuro, especialmente entre los niños provenientes de comunidades rurales e indígenas, donde los servicios educativos son escasos o inexistentes.
La relación entre pobreza y exclusión educativa es evidente. Los datos del CONEVAL muestran que los jóvenes de familias que viven por debajo de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) tienen hasta 15 puntos porcentuales menos de probabilidad de asistir a la educación media superior y 14 puntos menos en el caso de la educación superior. Estas brechas reflejan que la pobreza no solo limita el acceso a las aulas, sino también las posibilidades de romper el ciclo de marginación.
La falta de recursos para transporte, materiales y alimentación son barreras constantes para las familias en situación de pobreza. Además, los jóvenes que logran ingresar a niveles educativos superiores enfrentan deserción por las mismas limitaciones económicas, lo que reduce sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales en el futuro.
La calidad de la infraestructura escolar también representa un desafío enorme. Durante el ciclo escolar 2022-2023, el 21.5% de las escuelas de educación básica no contaban con agua potable, el 18.1% carecían de lavamanos, el 8.8% no tenían electricidad y el 4.2% no contaban con sanitarios adecuados.
Las escuelas comunitarias, que suelen estar ubicadas en las zonas más marginadas, presentan las condiciones más críticas: más de la mitad de estas carecen de servicios básicos. Esto no solo afecta la calidad de la enseñanza, sino también la salud y seguridad de los estudiantes.
Por si esto fuera poco, el rendimiento académico en México sigue siendo preocupante. En la prueba PISA 2022, los estudiantes mexicanos de 15 años obtuvieron 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, cifras muy por debajo del promedio de la OCDE. Además, estas deficiencias son más pronunciadas en las escuelas indígenas, rurales y multigrado, donde la falta de recursos y personal capacitado limita aún más las oportunidades de aprendizaje.
El CONEVAL propone una serie de medidas para enfrentar estos desafíos:
- Ampliar la cobertura de la educación inicial: Establecer un Marco Curricular Común y fortalecer programas existentes como “Expansión de la Educación Inicial”.
- Fortalecer la infraestructura: Priorizar la inversión en escuelas rurales, indígenas y comunitarias, garantizando servicios básicos y condiciones óptimas para el aprendizaje.
- Mejorar el apoyo docente: Ofrecer capacitación y recursos adicionales a los profesores en las zonas más vulnerables, así como incentivos laborales que promuevan la permanencia de maestros en estas regio
- Aumentar la cobertura de becas: Diseñar apoyos económicos integrales que incluyan transporte, materiales escolares y alimentación, especialmente en educación media y superior.
La inequidad educativa en México no es un problema reciente, pero los hallazgos del CONEVAL subrayan la urgencia de abordarlo con políticas públicas basadas en evidencia. Es imprescindible priorizar a los grupos más vulnerables, como niños en edad preescolar, jóvenes de zonas rurales y comunidades indígenas.
Garantizar el derecho a la educación no solo es una obligación legal, sino una herramienta esencial para el desarrollo económico y social del país. México no puede permitirse seguir rezagado en este ámbito. Invertir en educación es invertir en el futuro, y hacerlo con equidad es el único camino hacia una sociedad más justa e inclusiva.