Es generalizado el aplauso al gobierno estatal por la desautorización oficial al arrastre injustificado de vehículos por grúas, esa fue una pesadilla auspiciada desde áreas específicas del gobierno encabezado por Cuitláhuac García; la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Tránsito son concretamente las dependencias involucradas en ese manoseado atraco a la ciudadanía veracruzana en combinación con los propietarios de las grúas, ni duda cabe. Es lógica de Perogrullo, pero irrebatible, salvo mejor explicación en contrario. La orden está dada y es muy buen comienzo, aunque falta la otra mitad de esa política gubernamental de adecentar la administración pública: ¿no habrá consecuencias legales contra quienes desde el gobierno permitieron la actividad depredadora de las grúas? Mínimo, en esa descarada omisión la figura de incumplimiento de un deber legal está plenamente configurada; y no queda lejos de tipificarse la de asociación delictuosa. Un axioma reconocido asegura que detrás de los actos de corrupción está la impunidad, porque es la condición sine qua non para prolongar aquella viciosa conducta en el proceso administrativo de la función pública. De allí la interrogante ¿habrá castigo para quienes extorsionaron por este medio en comento a la ciudadanía veracruzana? Porque la Roma clásica nos legó grandes rasgos de su sapiencia: “la mujer del César no sólo debe ser honesta sino además parecerlo”.