Desde el Café
A pesar de que la gobernadora Rocío Nahle garantizó que habría seguridad tanto para los actores políticos como para los votantes durante el proceso electoral de este año, la seguridad brilla por su ausencia. El rosario tétrico que dejó de herencia Cuitláhuac García, continuó en diciembre del año anterior (ya en el gobierno de la señora Nahle), con el asesinato del diputado federal Benito Aguas y de dos policías municipales: uno en Villa Aldama y otro en Camerino Z. Mendoza.
El 3 de enero de este año se reportó la desaparición de Carlos Antonio Salinas Guerrero, comisionado municipal de Movimiento Ciudadano en Naranjos-Amatlán, sin que se sepa nada de él hasta la fecha. El 7 de febrero asesinaron a Carlos Neri Rodríguez, aspirante del Partido Verde a la alcaldía de Paso del Macho y a su hermano Juan Daniel.
La semana anterior la doctora Elvia Merlín Castro, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Cosoleacaque, declinó seguir porque, dijo, no hay condiciones de seguridad para ella y su equipo. “No quiero ser yo el motivo de la angustia que puedan tener mis familiares. Por la paz mental y la tranquilidad de mi familia he decidido no continuar”.
El jueves el líder del PRI, Adolfo Ramírez Arana, lamentó que el gobierno estatal no brinde seguridad a los aspirantes que han denunciado amenazas. Dijo que hay municipios donde han tenido que sustituir hasta en siete ocasiones a personas que aspiraban a una candidatura. Y sobre esto va un caso del que tuve conocimiento:
Un empresario que aspiraba a la alcaldía de su tierra natal declinó cuando recibió un mensaje en su whataap: “O te bajas o te bajamos”. Otro aspirante que levantó la mano en su lugar también declinó por la misma razón. Y para no hacerte el cuento largo lector, ese municipio es uno de los 27 donde el PRI no presentará candidato.
Pero hay más.
El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, denunció que cinco de sus candidatos se bajaron de la contienda por amenazas, mientras otros cinco decidieron continuar pese a estar amenazados.
Aunque no dieron nombres, ambos dirigentes dijeron que es en los municipios del norte y el sur principalmente, donde los candidatos están más expuestos. Carbonell de la Hoz agregó que este es ya un proceso electoral violento.
Son avisos que no deben soslayarse en un estado donde el año anterior se registraron 40 eventos de violencia político-electoral, de acuerdo con el informe “Votar entre balas” de Data Cívica y México Evalúa.
Pero las autoridades se toman las cosas con calma.
El secretario de Gobierno Ricardo Ahued, dijo que no hay “focos rojos” en Veracruz y el gobierno está listo para atender requerimientos en “términos de alguna inquietud o algún temor que pudiera tener alguna candidata o candidato”.
Ah vaya…
Acusar de daltónico al funcionario sería una falta de respeto que no pienso cometer. Pero es evidente que no está bien informando.
El año anterior fue el más violento en la historia de un proceso electoral (desde que se llevan estos registros) con 50 asesinatos. Y Veracruz fue el séptimo estado con más violencia política a nivel nacional.
Tiene razón Carbonell cuando asegura que este proceso ya es violento.
Pero negar esa violencia, pretender que no existe y sobre todo cruzarse de brazos ante ella, es un crimen tan grave como el que están cometiendo los delincuentes con los candidatos.
Aguas, aguas… aguas.