Agencias/Sociedad 3.0
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, calificó como histórica la sentencia dictada en Florida contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, señalando que deja al descubierto un esquema de defraudación millonaria operado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, prolongando un “Estado corrupto” con raíces desde los años 50.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Gómez explicó que el fallo de la jueza Lisa Walsh ordena al matrimonio pagar al Estado mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, cantidad que triplica el monto inicialmente demandado. “Es una muestra clara de cómo funcionaba una operación de desvío de recursos públicos para fines personales y políticos, con total impunidad”, dijo.
Gómez denunció que parte de esos fondos fue destinado a campañas políticas, mientras que al menos 15 empresas están siendo investigadas por participar directa o indirectamente en el esquema de lavado de dinero. Reveló también que algunas de estas firmas utilizaron bancos en México y en paraísos fiscales como Barbados para encubrir las operaciones ilícitas.
A pesar del fallo en Estados Unidos, criticó que un tribunal en México haya concedido un amparo a Linda Cristina Pereyra para volver a usar el sistema financiero nacional. “Esto lo vamos a resolver pronto”, afirmó, asegurando que el proceso penal en territorio mexicano sigue su curso y que “hay personas en la cárcel y muchas órdenes de aprehensión pendientes”.
Gómez subrayó que esta red de corrupción involucró al Grupo Weinberg —encabezado por Mauricio y Jonathan Weinberg— que obtuvo 30 contratos por más de 727 millones de dólares y 528 millones de pesos, con dependencias como la Policía Federal y el CISEN entre 2009 y 2018.
Tanto él como la presidenta Claudia Sheinbaum reconocieron el papel de Rosa Icela Rodríguez —entonces secretaria de Seguridad— por su “aporte invaluable” en la construcción del caso. “Honor a quien honor merece. Sin su labor, no se habría descubierto el alcance de esta red criminal”, señaló Gómez.
Finalmente, insistió en que esta sentencia “no será el cierre del caso”, ya que se esperan más resoluciones judiciales, tanto contra empresas involucradas como en el ámbito nacional. Reiteró que esta es una oportunidad para evidenciar la continuidad de un sistema corrupto, y sostuvo que el verdadero cambio comenzó en 2018.