Un verdadero desbarajuste está resultando el programa de vacunación diseñado por el gobierno de México para inmunizar a su población; y no precisamente por el llamado de la ONU para reservar cuotas inmunizadoras a países pobres en la distribución de las vacunas, sino porque los tan celebrados “amarres” de contratos con los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y CanSino navegan en la opacidad y la incertidumbre. Ese programa de vacunación, matizado con una pesada carga burocrática (10 elementos por brigada), y envuelta en el sospechoso clientelismo electoral (2 siervos de la nación y dos representantes de programas sociales) lleva inherentes e indeseables vicios políticos en su composición. Ambos elementos, el programa y las vacunas, de inicio ya sufrieron alteraciones y pronto se borró aquel triunfalismo del “día histórico”, cuando se recibieron 3 mil 500 dosis, y del “misión cumplida” presumido por Ebrard al recibir otra pírrica cantidad de dosis inmunizadoras. Claro, respetando el formato de escurrir el bulto, las alteraciones en el programa y la aportación de cuotas inmunizadoras quedan a cargo de los laboratorios, no son fallas del diseño.