El gobierno de Cuitláhuac García tiene, entre otros pendientes de no menor importancia, la obligación se solventar el destino de mil 953 millones de pesos, cuya aplicación no ha sido comprobada desde el ejercicio 2019. Esa observación se deriva de una compulsa realizada por la Auditoría Superior de la Federación, pues al revisar una muestra de 2 mil 644 millones 975.3 miles de pesos (de los 4 mil 080 millones destinados al Seguro Popular) no encontraron comprobación documentada del destino de mil 953 millones. En consecuencia, la ASF dictaminó que “el Gobierno del Estado… no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Veracruz… apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”. El plazo para la comprobación se ha cumplido sin resultados positivos, lo cual obliga al gobierno estatal a reintegrar esa cantidad a la Federación y, obviamente, si puede y quiere, averiguar dónde quedó esa bolita.