El empresario de medios, que obtuvo dos concesiones de los reclusorios privados cuyos contratos han sido puestos en duda y tachado de abusivos por el presidente López Obrador, pidió una cita en Palacio Nacional con la intención de “negociar” sus dos contratos millonarios que recibió en el sexenio pasado y por asignación directa. Lo recibiría, le respondieron, uno de los consejeros más cercanos del Presidente y, dispuesto a llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes, incluso a “negociar a la baja” los términos de sus contratos, llegó al vetusto edificio acompañado de los principales operadores de su grupo empresarial.
En la oficina del funcionario que los recibió comenzó el empresario exponiendo su total disposición a alcanzar un “arreglo conveniente” sobre los términos y la operación de los reclusorios. No había interés, dijeron los abogados del hombre de negocios, en tener un conflicto con el Gobierno federal por ese tema y, a partir de la legalidad de sus contratos, había interés en un entendimiento en los mejores términos. El representante del Presidente los escuchó con atención y, tras las comedidas exposiciones de los visitantes, rompió el silencio y les espetó sin más: “Está bien, podemos negociar, nada más que en este Gobierno negociamos a partir de carpetas. Y ya hay dos carpetas judiciales sobre este tema. A partir de eso, podemos negociar lo que ustedes quieran”.
La respuesta del operador del Presidente cayó como balde de agua fría en los integrantes del grupo empresarial. Tras un silencio incómodo se acomodaron en la silla y tras algunos comentarios dieron las gracias al funcionario y se despidieron. La cara del dueño del grupo no podía ser de más molestia cuando abandonaron la oficina pública y salieron del Palacio. Más tarde, según fuentes muy cercanas a aquella plática, hubo una reunión donde el empresario y dueño tomó una definición: “no nos vamos a dejar, lo que haya que pelear legalmente lo pelearemos y lo que se tenga que decir en los medios lo diremos. Hemos invertido mucho en esto por muchos años, aún sin tener ganancias, y lo hicimos justo para un momento como este”.
Así que de la cercanía con el Presidente y de ser incluso uno de los integrantes de su Consejo Asesor Presidencial, parece que ahora la relación entre el empresario y el poder pasó a los términos de una guerra, tanto jurídica como mediática.
Notas indiscretas…
A propósito del Consejo Asesor Empresarial del Presidente, en la práctica el organismo resultó ser más un membrete que un organismo real de consulta y asesoría del Mandatario. Prueba de ello es que la relación con el empresariado no ha sido precisamente el fuerte de este Gobierno y ha estado sujeta a todo tipo de altibajos y momentos de mucha tensión y hasta confrontaciones abiertas.
Además, resulta que varios de los asesores del Consejo presidencial también fueron beneficiarios de contratos que el Presidente ha considerado “abusivos” en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y el citado tema de los reclusorios privados es un buen ejemplo, pues al menos dos de los integrantes del organismo nombrado por el Presidente también tienen contratos millonarios de esos reclusorios. Y para colmo, otro de los asesores empresariales de López Obrador, Miguel Alemán Magnani, está hoy en la quiebra virtual de sus empresas, y un asesor más, también dueño de medios y de bancos, recientemente metió al Presidente en un tremendo brete cuando intentó venderle una iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México para que el banco central le comprara 100 millones de dólares que tiene parados en su banco.
Total, que ni consejo, ni asesor resultó el organismo de los cuates empresarios del presidente López Obrador… Giran los dados. Capicúa. Repetimos tiro.