Agencias/Sociedad 3.0
El Gobierno de Perú desplegó este martes a sus fuerzas armadas en la frontera con Ecuador para disuadir la inmigración ilegal que presuntamente se ha incrementado en las últimas semanas con la llegada clandestina de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, desde el país vecino.
A lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre Perú y Ecuador, se ubicaron más de 50 vehículos del Ejército peruano entre tanques, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros, así como más de 1.200 militares.
Su objetivo será vigilar hasta 30 pasos fronterizos clandestinos que han sido identificados como los más frecuentes utilizados por la inmigración ilegal.
El despliegue militar se realizó con la presencia en la zona de los ministros de Defensa, Nuria Esparch, y del Interior, José Elice, así como el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, quienes realizaron un sobrevuelo por la línea de frontera.
La presencia militar frente al territorio ecuatoriano se da después de que el pasado jueves la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciara la detención de casi 500 inmigrantes ilegales, en su gran mayoría de nacionalidad venezolana, en distintos puntos de la región de Tumbes.
Fruto de ese operativo se hizo viral en redes sociales el vídeo de un tráiler que ingresaba a la ciudad de Tumbes, capital de la homónima región peruana, con decenas de inmigrantes venezolanos que presuntamente acababan de cruzar la frontera de manera clandestina.
Asimismo, la Policía halló y destruyó diez puentes artesanales sobre el canal del río Zarumilla en el sector conocido como El Tropezón, así como una balsa de madera.
Esta situación se da mientras está restringido el tránsito de personas por el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf), el principal paso legal para cruzar la frontera entre Perú y Ecuador.
En ese sentido, la superintendente de Migraciones de Perú, Roxana Del Águila, advirtió este martes en un comunicado que existen mafias de tráfico ilegal de migrantes en la zona norte del país que deben ser combatidas.
«Se presume que los extranjeros que están ingresando de manera irregular al Perú han hecho lo propio en Colombia y Ecuador. Por ello estamos realizando un trabajo de inteligencia y migratorio con los otros países», comentó.
Del Águila señaló que la oficina Migraciones ha instalado Puestos de Verificación Migratoria en lugares estratégicos de la frontera donde se ejecutan acciones de fiscalización para evitar el ingreso irregular de personas.
«No nos hemos quedado de brazos cruzados, pero aún así es complejo el control para el Estado porque tenemos 7.000 kilómetros de frontera de compleja geografía», enfatizó.
Por su parte, Carlos Scull, representante en Perú del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, solicitó a la Defensoría del Pueblo que vele por los derechos humanos de los venezolanos en la frontera con Ecuador.
«Estamos de acuerdo con una migración segura pero tiene que prevalecer un enfoque humanitario que considere casos como la reunificación familiar y refugio», dijo Scull en redes sociales.
Perú es después de Colombia el segundo país que alberga a más venezolanos, con más de un millón llegados desde 2016, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que cifra en ya 5,4 millones el éxodo migratorio de Venezuela.
De ese millón, Perú ha otorgado la residencia a más 477.000 venezolanos, mientras que casi medio millón ha solicitado la condición de refugiado, algo que solo han logrado de momento 1.282.
Desde el 15 de junio de 2019, Perú solo permite el ingreso de venezolano con pasaporte y visa humanitaria tramitada en alguno de sus consulados en Venezuela, Colombia y Ecuador.
Actualmente Perú está en plena segunda ola de contagios de covid-19 con sus hospitales nuevamente colapsados desde al menos dos semanas, por lo que el ritmo de fallecidos por esta enfermedad está volviendo a acelerarse dramáticamente.
Si bien oficialmente reporta más de un millón de contagios sintomáticos confirmados, de los que casi 40.000 han muerto, el registro de los gobiernos regionales, que cuenta los casos asintomáticos y sospechosos, eleva la cifra de casos acumulados a más de dos millones.