El caso más emblemático y sonado de la lucha contra la corrupción del sexenio, el de la corrupción en Pemex con Emilio Lozoya y los sobornos de Odebrecht, está prácticamente estancado y mientras el exfuncionario del sexenio de Peña Nieto cumple siete meses gozando de comodidades y tratos privilegiados como “testigo colaborador”, que le ha otorgado la Fiscalía General de la República, sigue sin dar resultados y hasta ahora no se ha enjuiciado a ninguno de los casi 70 políticos, expresidentes, excongresistas y exsecretarios que fueron acusados e imputados por el exdirector de Pemex.
De hecho, dentro del mismo Gobierno de la 4T hay serias dudas de si lo más adecuado fue otorgarle el beneficio del “criterio de oportunidad” o si era mejor enjuiciar directamente a Lozoya por varios delitos graves que le han documentado.
La propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha controvertido en los tribunales la decisión de la FGR de otorgar el criterio de oportunidad a Emilio Lozoya, y aunque en una primera instancia un juez federal le negó la apelación a la UIF por no acreditar su calidad de víctima, la instancia que dirige Santiago Nieto se amparó contra el fallo de los jueces y ha presentado nuevas denuncias en contra del exdirector de Pemex, a quien acusa de haber desviado hasta 3 mil millones de pesos de la petrolera para pagarle a Odebrecht contratos de obras que, aunque se otorgaban con toda la apariencia de legalidad, en realidad eran parte de un mecanismo para que la compañía brasileña “limpiara” el dinero de origen público a través del uso de empresas factureras y fachada, que terminaban dispersando los recursos entre particulares para que finalmente, terminara siendo utilizado para fines políticos o campañas electorales.
Esta sería otra versión del tipo de la “Estafa Maestra”, distinta a la que ya ha investigado la Función Pública y por la que ya ha habido incluso exfuncionarios acusados e inhabilitados por haber transferido 568 mdp a una empresa fantasma.
Esa investigación y denuncia de la UIF contra Lozoya es parte de lo que no se le ha podido imputar al exdirector de Pemex, en parte por la calidad de “testigo colaborador” que le otorgaron junto con el “criterio de oportunidad”, y también porque esas acusaciones no estaban incluidas en la solicitud de extradición con la que el Gobierno federal y la FGR le solicitaron a España la entrega de Emilio Lozoya, que finalmente se concretó en julio del 2020.
Pero mientras son peras o son manzanas, lo cierto es que Lozoya Austin hoy sigue gozando de los beneficios de haber dado “información” con la que supuestamente el fiscal Alejandro Gertz Manero podría acusar a otros superiores jerárquicos y excongresistas que fueron parte de la red de corrupción y sobornos instrumentada entre Pemex y Odebrecht.
Pero de 71 nombres que mencionó Lozoya y que la Fiscalía se tomó seis meses para investigar (que se vencieron el pasado 31 de enero) hasta ahora solo hay una carpeta que ha sido judicializada y una acusación contra el exsenador panista Jorge Lavalle, a quien extrañamente se le pospuso la audiencia que tenía programada el pasado 25 de enero.
Así que, tanta tardanza en el caso Lozoya, tanto ruido y tan pocas nueces hasta ahora, generan ya todo tipo de dudas, teorías y sospechas. Desde “arreglos políticos” entre el fiscal y los panistas en el Senado para impulsar su controvertida iniciativa de Ley Orgánica de la FGR, hasta la idea de que fue un error que le hayan dado el criterio de oportunidad a Lozoya.
El caso es que mientras su caso no parece tener mucho caso, el señor Lozoya sigue siendo un privilegiado y un protegido de la justicia mexicana, a pesar de haber sido uno de los mayores exponentes de la desmesurada corrupción del sexenio peñista.