Agencias/Sociedad 3.0
Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador las compras consolidadas de bienes y servicios se convirtieron en un rompecabezas burocrático poco efectivo, el cual opera sin “claridad” ni “lineamientos precisos” y con una mala coordinación entre las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Función Pública.
Ello se vio reflejado en la compra consolidada de medicinas para el segundo semestre de 2019, para la cual la SHCP y la Secretaría de Salud erogaron 7 mil 169 millones de pesos.
Durante este proceso, la Auditoría Superior de la Federación detectó que “la planeación y operación de las adquisiciones públicas por parte de la SHCP; la conducción y aplicación de los mecanismos de prevención, vigilancia, inspección y revisión de las adquisiciones públicas por la SFP, así como de la Ssa en la adquisición consolidada de medicamentos fueron deficientes”.
El semanario Proceso indica que el problema, según la ASF, no es menor. En una auditoría de desempeño realizada a las Adquisiciones Públicas de la cuenta de 2019 –el primero de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia–, advirtió que “de no atender la SHCP, la SFP y la Ssa estas deficiencias en materia de adquisiciones públicas, y en lo particular en la compra de medicamentos, es posible que no se logre mejorar la calidad del gasto”.
Además la ASF advirtió que la falta de “congruencia y calidad” en el diseño de las compras, sumada a la mala instrumentación de estos procesos no sólo amenazan la “calidad del gasto”: también ponen en riesgo el “acceso efectivo, universal y gratuito de los medicamentos a la población”, garantizado por el derecho a la salud.
Este diagnóstico no sólo aplica para el tema de la compra de medicinas. En seis informes de auditorías obtenidos por Proceso de manera adelantada, la ASF –dirigida por David Colmenares Páramo– encontró numerosas fallas en el sistema de contrataciones públicas, las cuales exhiben cómo, por falta de rigor, la administración federal erogó miles de millones de pesos en contratos que a veces no tienen lineamientos ni objeto definido y, más grave, sin elaborar justificativos.
Ello se ve reflejado en un sinnúmero de pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que la ASF determinó en los informes de auditoría consultados por este semanario, los cuales constituyen una muestra del Informe sobre la Cuenta Pública 2019 que se dará a conocer este sábado 20, un día después del cierre de esta edición.
En su revisión del primer año de gestión de López Obrador, la ASF auditó los principales megaproyectos de la Cuarta Transformación –el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas–, así como las cuentas de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la contratación de Servidores de la Nación y el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, cuyas conclusiones preliminares –y demoledoras– fueron reveladas por el reportero Arturo Rodríguez en este semanario.
La Secretaría de Cultura cometió decenas de irregularidades administrativas durante el primer año de Alejandra Frausto Guerrero, su titular, que concluyó en mil 707 millones de pesos “pendientes de aclaración”, según la auditoría elaborada por la ASF.
Exhibieron el mal manejo del programa de Cultura Comunitaria, el eje principal de la política cultural del gobierno de la Cuarta Transformación, mediante el cual pretende implementar una “cultura para la paz, la convivencia, la transformación social, el desarrollo cultural comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales”.
En base a la ASF, la SC pagó 195 millones de pesos a un consorcio de empresas; sin embargo, ni la dependencia ni las compañías elaboraron documentación para justificar que se ejecutaron los servicios; a veces los documentos de las empresas y de la SC no correspondían, y la dependencia ni siquiera pudo presentar evidencias del procedimiento y los parámetros que siguió para reclutar a las personas que aplicaron el programa.
La ASF determinó que hubo un “probable daño o perjuicio” de 190 millones 248 mil pesos, el monto del presupuesto total del contrato.
La ASF señaló que se licitó apenas uno de cada 10 contratos públicos, es decir, que se adjudicó de manera directa y se restringió el otorgamiento de los otros nueve, abriendo amplios espacios para la arbitrariedad.
Respecto a la supervisión de la SFP, dirigida por Irma Eréndira Sandoval, la ASF planteó que ésta “no acreditó las actividades específicas para cumplir con su atribución de conducir y aplicar la política de prevención, vigilancia, inspección y revisión de las adquisiciones públicas, por lo cual es necesario actualizar sus instrumentos normativos para delimitara los responsables de las actividades que den cumplimiento a su nueva atribución en la materia”.
Al analizar el Programa de Vacunación de 2019, es decir, el año previo a la llegada del COVID-19 a México y dos antes del arranque de la campaña de vacunación, la ASF detectó graves problemas por parte de las instituciones de salud que hoy juegan un papel central en el combate contra la pandemia.
El organismo fiscalizador aseveró que en la operación del programa la Ssa “no implementó ni coordinó el sistema de información en materia de vacunación”.
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que encabeza la campaña de vacunación contra el COVID-19, y cuya titular, Miriam Veras Godoy, renunció el mes pasado evocando “motivos personales”, tampoco “sustentó que la adquisición de vacunas se hubiera realizado con base en lo programado para garantizar la disponibilidad oportuna suficiente y de calidad, y no acreditó el número de personas a las que les fueron aplicadas en ese año”.
La ASF también criticó a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, otro actor central en la pandemia actual, por los certificados de emergencia que entregó a diversas vacunas para su administración en México.
*Con información de PROCESO