Aunque su primera audiencia judicial fue pospuesta, el pasado 25 de enero, a petición de la Fiscalía General de la República, que argumentó supuestos riesgos de contagio de Covid para sus fiscales y para el equipo de Hacienda, aun cuando la audiencia se realizaría de manera virtual, el de Jorge Luis Lavalle sigue siendo hasta ahora el único expediente del caso Lozoya que ha sido judicializado a partir de los testimonios y acusaciones que realizó el exdirector de Pemex.
Al exsenador panista de Campeche la Fiscalía lo ubica como el encargado de cobrar y recoger los sobornos en efectivo que Emilio Lozoya dice haber entregado a los senadores del PAN, los cuales mandaba a recoger con su amigo y colaborador, el secretario técnico del Senado, Rafael Caraveo, para después repartir los pagos en efectivo entre el grupo de senadores de Acción Nacional que participó de aquellos sobornos a cambio de su voto a favor de la reforma energética.
Aunque el exsenador ha negado las acusaciones y se ha dicho acusado por Lozoya por razones políticas, las investigaciones que realizó sobre sus cuentas y patrimonio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sí documentan un crecimiento exponencial del patrimonio y las transferencias del político campechano que no corresponden al nivel de ingresos que él mismo declaró al SAT en los años en que fue Senador de la República, entre 2012 y 2018.
En esos seis años el senador panista tuvo ingresos por 14 millones de pesos, pero según la UIF en el mismo lapso realizó retiros de sus cuentas por 2 millones de dólares, es decir 40 millones de pesos, más de tres veces sus ingresos como legislador. En particular, en las investigaciones brincaron tres depósitos que realizó en 2015, cuando se aprobó la reforma energética peñista, y por las fechas en las que Emilio Lozoya dice haber entregado los sobornos a los legisladores del PAN.
La UIF le encontró también dos propiedades en la Ciudad de México, una ubicada en Las Lomas de Chapultepec en Monte Elbruz 166, y una más en Río Rhin en la colonia Cuauhtémoc, además de una casa en Campeche y dos terrenos en la misma ciudad de donde es originario, ambos reportados a precios subvaluados con valores menores a los reales.
En sus declaraciones fiscales al SAT, Jorge Luis Lavalle dijo haber ganado 28 millones de pesos en ingresos entre 2014 y 2019, cifra muy por debajo de los retiros que le documentaron por 2 millones de dólares. En cuanto a empresas, el exsenador dijo ser socio de Casa Sierra, una empresa de agricultura en la que se asoció con Roberto Gil Zuarth y Luis Fernando Salazar, y que se dedicó a promover y cabildear la aprobación de la legalización de la cannabis en la actual legislatura del Senado, mercado en el cual tenían intenciones de participar.
La importancia de que avance el primer expediente judicializado del caso Lozoya es comprobar si la información que le dio Emilio Lozoya Austin a la FGR, para pedir el criterio de oportunidad, realmente es validada por los jueces. El caso contra Lavalle es la puerta para que la Fiscalía comience a acusar a otros excompañeros senadores del campechano que también fueron señalados por Lozoya como Ernesto Cordero, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, además del entonces diputado Ricardo Anaya, y de al menos un exsenador del PRI, junto con otros exfuncionarios como Luis Videgaray.
Por eso es tan importante para la FGR amarrar muy bien las acusaciones y los testigos que confirmen las acusaciones contra Jorge Luis Lavalle, porque si ese caso se le cae y si los testigos que ofreció Lozoya se niegan a ratificar los dichos del exdirector de Pemex, entonces los otros expedientes se verían comprometidos y, en una de esas, Emilio Lozoya termina pasando de acusador a acusado y se le cae su criterio de oportunidad.