Agencias/Sociedad 3.0
Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), criticó ayer viernes que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) ha negado la información que se les ha requerido respecto al caso de Pío López Obrador, hermano del presidente de México.
“La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) negó el 26 de octubre de 2020, y el 28 de enero de 2021, información sobre la denuncia contra el ciudadano Pío López Obrador y Morena. Es más, el agente del Ministerio Público alegó en respuesta de este año al requerimiento del 28 de enero que, si bien, hay tesis del Poder Judicial para que podamos acceder a esta información, dice que es un criterio aislado”, señaló.
El pasado 20 de agosto, el medio informativo Latinus reveló que Pío López Obrador recibió recursos durante al menos un año y medio del operador político del gobierno de Chiapas para construir la campaña con la que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia.
Dicho dinero fue entregado por el entonces asesor del gobierno chiapaneco David León en por lo menos tres encuentros. Fue el mismo León quien realizó las grabaciones de las reuniones con Pío.
“[Es] un asunto que va volviéndose sistemático y, creo yo, peligroso para el propósito de tener una vida política alejada del mal uso de recursos públicos, de recursos de procedencia desconocida, y por tanto recursos ilícitos”, dijo el consejero del INE, en referencia a la dificultad para acceder a información pública de mano de otras instancias del Estado mexicano.
Durante su intervención en el consejo general del INE, Murayama mencionó además el caso Odebrecht. Aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ha “cerrado las puertas” ante las solicitudes de información relacionadas.
“Nos está impidiendo conocer si hay en sus investigaciones elementos que puedan considerarse para nuestra sustanciación de la investigación para ver si alrededor de este caso llegó dinero a una campaña electoral”, señaló.
El consejero electoral apuntó además que, desde el 19 de octubre del 2017, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales se ha negado a entregar información al INE relacionada a la investigación por los presuntos sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios mexicanos, entre los que se incluye a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.