A partir del primer desencuentro reflejado en la liquidación de las obras del aeropuerto de Texcoco, los diferendos entre el gobierno y la clase empresarial han sido frecuentes, con los decibeles de esa confrontación en aumento en la lógica apresurada de consolidar las bases de un nuevo modelo económico. Las discusiones sobre el salario mínimo, la estira y el afloje respecto al outsourcing, la reforma a la ley del Banco de México, y ahora la reforma a la política energética están radicalizando las posturas entre ambas partes. “Es contraria a los objetivos que el mismo gobierno se ha planteado”, advierten los empresarios respecto de la iniciativa preferente de reformas a la política energética del país. Pero el gobierno le ganan las prisas porque no tiene la seguridad de refrendar la mayoría en la Cámara de diputados en las elecciones de junio, y opta por aprovechar obtener el sí de la que ahora goza, sin importar las advertencias ni las consecuencias económicas. Ese diferendo será largo, con litigios de orden internacional, internas controversias constitucionales y severos impactos en la confianza de la inversión extranjera. Un coctel explosivo, sin duda.