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La justicia italiana exigió este miércoles la regularización de unos 60,000 repartidores a domicilio que trabajan para las plataformas como Uber Eats y Deliveroo, informó la fiscalía.
«Es fundamental modificar el contrato» que vincula a los repartidores con el empresario porque «no se trata de un servicio independiente y ocasional, sino de un servicio coordinado y continuo», explicó la fiscalía de Milán en un comunicado.
Para la justicia italiana, en base a una investigación en toda la península, se trata en realidad de trabajadores dependientes y no autónomos.
«La gran mayoría de los repartidores trabajan con contratos de independientes y ocasionales», pero «los controles de la policía han establecido (…) que la realidad es otra», agrega el comunicado.
La investigación inició en julio de 2019 tras varios accidentes de tráfico en esa ciudad y se extendió gradualmente a todo el territorio italiano.
«Fueron entrevistados más de 1,000 repartidores a domicilio en bicicleta» de toda la península, precisa el comunicado.
El tribunal informó a las cuatro empresas afectadas, Foodinho-Glovo, Uber Eats Italy, Just Eat Italy y Deliveroo Italy, que contaban con un plazo de 90 días para tomar las medidas indispensables para regularizar esos trabajadores.
La decisión afecta a más de 60,000 repartidores que trabajaban para esas cuatro empresas entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2020, precisó la fiscalía.
Las autoridades, en particular las oficinas para la inspección del trabajo, han establecido una serie de violaciones de las condiciones de seguridad de esos trabajadores.
Las multas por tales irregularidades, aplicadas a las 60,000 personas durante el período en cuestión, representan un monto de 733 millones de euros (unos 890 millones de dólares).
Las cuatro empresas deberán aportar también las cotizaciones sociales por el mismo período, una cifra que no ha sido cuantificada.
«Los repartidores a domicilio no pueden ser tratados como esclavos», declaró a la prensa el fiscal Francesco Greco.
Contactada por la AFP, la asociación italiana de plataformas de entrega rápida (Assodelivery) no quiso reaccionar a la decisión judicial.
En un comunicado enviado a la AFP, la plataforma Uber para esas entregas explicó que «ha puesto en marcha en los últimos meses un sistema de protección mayor así como mejores condiciones laborales para los repartidores independientes» de Italia.