Salvador García Soto
El discurso del presidente López Obrador en contra del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, al que acusa de obedecer a “intereses” al otorgar 11 suspensiones provisionales en contra de su reforma eléctrica, abrió ya una confrontación entre poderes en la que el titular del Ejecutivo está poniendo en duda, con acusaciones y señalamientos públicos, el trabajo de los juzgadores del Poder Judicial. La respuesta del ministro presidente de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, defiende la autonomía y la libertad de los jueces y conmina al presidente a utilizar los cauces legales para solicitar que se revisen los fallos del citado juez en materia de Competencia Económica.
La tardanza inicial del presidente del Poder Judicial, ante los primeros ataques el pasado viernes, a los que respondió 38 horas después con un mensaje en su Twitter, se vio compensada ayer con una respuesta rápida y puntual de Zaldívar a la carta que le mandó ayer el jefe del Ejecutivo al ministro presidente, en la que volvía a poner en duda las suspensiones otorgadas por el juez y le solicitaba investigarlo. “Como procede en estos casos su carta será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como de las garantías que la protegen”, le contestó el presidente de la Corte.
La respuesta directa y contundente de Zaldívar al presidente, deja en claro que las expresiones del presidente de la República sí causaron molestia en el Poder Judicial en donde perciben un intento deliberado del mandatario federal por “linchar públicamente” a un juzgador porque sus fallos afectan la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica.
Porque López Obrador lleva dos días acusando públicamente que el Juez Juan Pablo Gómez está otorgando las suspensiones a las empresas que se han amparado por “favorecer intereses”, pero hasta ahora no ha presentado una sola prueba de lo que sugiere como un tema de corrupción del juzgador federal.
En corto, de acuerdo con funcionarios del Palacio Nacional, López Obrador asegura que al juez Gómez Fierro “lo han centaveado” para que falle en favor de las empresas y otorgue las suspensiones porque, según afirma el presidente, esos jueces de Competencia Económica están ligados a los empresarios de los que reciben “incentivos económicos”. De eso está convencido el presidente, aunque no se sabe con exactitud hasta qué punto tiene pruebas.
Por lo pronto, lo cierto es que López Obrador abrió fuego directo contra un juez federal y provocó que en todo el Poder Judicial y en los círculos jurídicos y académicos, se interpretaran sus acusaciones como un intento de linchamiento y una intromisión del Ejecutivo a las funciones y facultades de otro poder. Porque si el presidente tiene una sospecha fundada de que el juez actuó por motivaciones económicas o de otro tipo, bastaba con que hubiera mandado a su consejero Julio Scherer a presentar una denuncia ante la Judicatura Federal.
Pero elevar el tono y el tema a la picota pública en que se ha convertido la mañanera, tiene claramente otro tipo de intenciones. Por un lado, intenciones políticas, para abonar con miras a las próximas elecciones a su discurso de victimización y ataque de los “conservadores”, incluidos algunos jueces, que lo quieren dañar y frenar su transformación; y por otro lado autoritarias, porque pretende descalificar a la institución judicial y al Poder del que forma parte para tratar de convencer a sus fanatizados seguidores que él único poder honesto es el suyo. Veremos si López Obrador tiene algo real en contra del juez o si todo ha sido un blofeo perverso y autoritario.