Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
En medio de un clima de persecución contra opositores, críticos y ciudadanos, el gobierno de Veracruz convocó a la firma de un acuerdo político que, como era de una obviedad monumental, fue desairado por las fuerzas políticas no alineadas con el actual régimen.
El “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021” no es más que un compendio de lugares comunes y de disposiciones legales para las que no hace falta signar convenio alguno, sino únicamente apegarse a la mínima normalidad democrática y legal, algo que no está sucediendo en el estado en la actualidad.
El uso faccioso de las instituciones para someter o aplastar a los adversarios; la manipulación de las leyes para convertirlas en armas en contra de quien exprese disenso o pueda informar a la sociedad sobre posibles actos de abuso de autoridad; y la disposición electorera de los programas y recursos públicos con tal de obtener ventajas políticas ilegales, representan en este momento el signo del acontecer de la entidad veracruzana que, de suyo, cancela cualquiera posibilidad de alcanzar acuerdos de cualquier índole.
¿O qué puede acordarse con un gobierno que impulsa reformas autoritarias a las leyes para ejercer control y reprimir no solo a sus opositores políticos frontales, sino a cualquier manifestación de descontento con su proceder, como quedó de manifiesto con las detenciones de la semana pasada a partir de la aplicación del diazordacista tipo penal de “ultrajes a la autoridad”?
Que los poderes del estado ofrezcan en esas condiciones dar “certeza y confianza a la ciudadanía de que habrá un proceso electoral civilizado y legal” es irrisorio, cuando la violencia política está a la orden del día. Y no únicamente la que se expresa a través del plomo y la sangre. También la que se ejerce desde las instituciones cuya obligación es velar por la legalidad y el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad para la ciudadanía, sin distinción.
Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública se ha negado en dos ocasiones a otorgar un permiso sin goce de sueldo para que una trabajadora con 17 años de labor en la dependencia, la también activista Sabina Martínez Pinto, pueda contender por una diputación federal postulada por el partido en el que lleva cerca de dos décadas militando, el PRD.
El pretexto de la dependencia es que debido a la contingencia sanitaria necesita de todo el personal que desempeña funciones esenciales. Pero desde el inicio del sexenio de Cuitláhuac García y precisamente por su militancia partidista, Sabina Martínez fue confinada a un escritorio sin posibilidad de realizar ya no digamos una actividad sustantiva como las que llevaba a cabo anteriormente –capacitaciones en materia de derechos humanos-, sino que está “congelada” sin que se le asigne tarea alguna.
Tal situación acredita una violación a su derecho constitucional a ser votada, además de que el gobierno incurre en violencia política de género en su contra, pues a raíz de su solicitud de licencia se le exigió que se presentara a laborar en horario normal en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de que el resto del personal del Gobierno del Estado realiza trabajo desde casa.
Así se comporta el gobierno de la “transformación de la vida pública” con quien se sale del “guion” y no se somete a la “línea” que se dicta desde oscuras oficinas donde se organiza, ya no hay duda, una verdadera elección de Estado.
Igualito que el PRI.
La venganza
Y hablando de violencia política de género, el pasado viernes se consumó en el Congreso del Estado de Veracruz –con el vergonzoso aval de la bancada del PRI, cada vez más sumisa a la “4t”- la defenestración de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal Sofía Martínez Huerta, quien será sometida a un proceso de juicio político para inhabilitarla y destituirla como magistrada.
Ello, por oponerse a encubrir operaciones fraudulentas en el Poder Judicial de Veracruz. Aunque el pretexto legaloide es que “usurpó” funciones al cambiar de adscripción a un juez que, entre otros delitos, está acusado de proteger a un abusador sexual de jóvenes.
Ése es el verdadero rostro del régimen que declaró hace poco más de dos años “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres en la entidad.
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