Agencias/Sociedad 3.0
Juan Pablo Gómez Fierro, juez que otorgó una suspensión provisional que frenó por el momento la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, ha emitido fallos que también han beneficiado a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo y como titular del Ejecutivo Federal.
En octubre de 2018, como juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Gómez Fierro rechazó dar entrada a los amparos interpuestos contra el presidente electo, cuando López Obrador dio a conocer que organizaría una consulta para determinar si continuaba la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Para enero de 2019, el juzgador declaró improcedente un amparo con el cual se pretendía obligar al presidente López Obrador contar con escolta para garantizar su seguridad física, tal y como lo hacía el Estado Mayor Presidencial con otros ex mandatarios.
En diciembre de 2020, ya como juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó el primer amparo contra los aumentos que avaló la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por el servicio que deben pagar las plantas de generación privada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por transmisión de energía eléctrica, incrementos que oscilan entre 407 y 775 por ciento.
El juez originario del estado de San Luis Potosí ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), entre ellos, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Otros de sus fallos en temas relevantes, fue dictado en mayo de 2020, cuando concedió las primeras suspensiones provisionales que frenaron el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que impedía la entrada en funciones de nuevas centrales solares y eólicas al mercado eléctrico.
«Este juez considera que sería más grave…la paralización o retraso de la entrada en operación de las plantas de energía limpia, pues ello alteraría el funcionamiento del mercado en términos de libre concurrencia y competencia económica», además que «pueden provocar el alza injustificada de precios y la reducción en la eficiencia de la prestación del servicio, en perjuicio de los usuarios finales».
También otorgó una medida cautelar a la organización ambientalista Greenpeace, que paralizó la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía. Respecto a este tema, en febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional los puntos clave de la política energética impulsada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Gómez Fierro suspendió temporalmente y de manera parcial, en septiembre de 2020, el Programa Sectorial de Energía (PSE) 2020-2024, tras otorgar una suspensión provisional a Greenpeace, organización que impugnó que el decreto presidencial porque aseguró que opone al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes.
En febrero de 2017, cuando Gómez Fierro fungió como juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, emitió un fallo que sentó un precedente y que está relacionado con los criterios de interpretación de los derechos de las víctimas, específicamente de aquellos vinculados con el acceso a las medidas de reparación previstos en la ley en la materia.
Lo anterior derivó de un amparo que dio al guatemalteco Francisco Chacach Coroy, cuyo hijo fue víctima de Los Zetas y sus restos fueron localizados en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
La sentencia obligó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) otorgar una ayuda un reembolso de los gastos funerarios, pero las autoridades mexicanas querían obligar al extranjero recoger el cheque en nuestro país, cuando sabían que no contaba con los medios para hacerlo.
En mayo del mismo año ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que de manera inmediata permitiera la importación de medicamentos a base de cannabinoides THC y CBD, los cuales eran necesarios para atender medicamente a una persona que presentaba episodios convulsivos, crisis de ansiedad y mucho dolor, como consecuencia de un tumor, su metástasis y de las cirugías a las que se había sometido.
Además en octubre de 2018, el juez desechó por notoriamente improcedente el amparo que promovió el partido Nueva Alianza contra la declaratoria de pérdida de registro que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) por no haber obtenido el tres por ciento de la votación.
A fines de ese año otorgó un amparo a un menor de edad que obligó a las autoridades locales y federales a realizar los trabajos de rehabilitación, refuerzo y reconstrucción de la Escuela Secundaria Diurna 190, Carlos Pellicer, que se localiza en la colonia Los Reyes, en la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, la cual resultó dañada durante el sismo de septiembre de 2017.
**Con información de MILENIO