Ciudad de México, 26 de marzo de 2020.- La participación de la iniciativa privada en los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, pone en riesgo la seguridad y economía del país, expone la iniciativa que envió este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes para reformar la Ley de Hidrocarburos vigente, por lo que plantea que las empresas del Estado jueguen un papel más activo en toda la cadena de esta industria.
Por otro lado, el artículo 57, específicamente señala que “En relación con los permisos a que se refiere esta Ley, la autoridad que lo haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros.
“Para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, la autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas. intervenidas o suspendidas”.
La iniciativa plantea que: «Se considera inadecuado dejar la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.
«Es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado», refiere.
La carta firmada por el Mandatario fue enviada hoy a Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La iniciativa también busca cómo desincentivar y castigar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos.
Propone reformar el régimen de sanciones para que se imponga la revocación de permisos de operación previamente expendidos a todos los sujetos que reincidan en conductas contrarias a la Ley, como robo de hidrocarburos.
El documento plantea que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender temporalmente los permisos expedidos «cuando se prevea un peligro inminente a la seguridad nacional, a la seguridad energética o para la economía nacional».
Aunado a ello, a fin de garantizar la continuidad en la operación de las actividades, la autoridad que haya revocado el permiso podrá hacerse cargo de la administración y operación del permisionario.
«Se propone facultar a la Sener y la CRE, en el ámbito de sus competencias, para revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y éste haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente», señala.
En materia de almacenamiento, propone establecer que los permisos que se otorguen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y particulares estén sujetos a que el interesado demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Sener conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Quienes no estén en posibilidad de cumplir con el 50 por ciento de almacenamiento mínimo en la terminal que abastece a su mercado objetivo vía autotanque, podrán cubrir el porcentaje faltante en otras terminales en territorio nacional.
Además, tanto la Sener como la CRE, según el permiso de que se trate, podrán resolver la solicitud de cesión dentro de un plazo de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud. En caso de no emitirse una resolución por parte de ambas entidades según corresponda dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido negativo.