Qué incomodidad la de López Obrador, gobernar un país con tantos estorbos. Los medios, la sociedad civil, el Poder Judicial, la Constitución. Esos focos de organización, poder y reglas que no logra todavía someter a su voluntad. Esos contrapesos imperfectos que obstaculizan la relación directa que desea establecer con el pueblo, sin mediaciones, sin instituciones.
Esos espacios controlados por élites inmorales, saqueadoras, antipatriotas. La «pedantocracia» que se opone a la verdadera democracia, habitada por los ciudadanos comunes que él sí representa, él sí cuida, él sí protege. Los de arriba a quienes hay que destruir y los de abajo a quienes hay que resguardar. Así es el cristal con que el Presidente mira a México e instrumenta una estrategia política para ir removiendo estorbos. Y ahora, en la mira ha colocado a los jueces y a la Suprema Corte de Justicia.
El juez que otorgó la suspensión ante la Ley de la Industria Eléctrica es un traidor a la patria, junto con el exministro José Ramón Cossío, Iberdrola, Walmart, Femsa, Oxxo, los productores privados de energía eólica y solar. Los señalados son otro ejemplo de «inmoralidad de la minoría» que nunca ha velado por los intereses de la mayoría. Ellos, «los pocos», se han aprovechado de «los muchos». Ellos insisten en la defensa de reglas formales, equilibrios constitucionales y controles legalistas, que en el pasado fueron violados a conveniencia del partido en turno. La corrupción y el nepotismo y la cuatitud que corroyó al Poder Judicial en el pasado, posibilita su satanización en el presente. Y le otorgan al Presidente una supremacía discursiva que es difícil contrarrestar apelando a la defensa de la democracia.
Para AMLO, la división de poderes ha fallado, entonces para qué respetarla. Para el populista del Palacio, la democracia representativa ha fracasado, entonces para qué mantenerla. La meta es sustituir a las élites en el poder con otra fuerza gobernante, lo más rápido posible. El plan es evidente y potente. El objetivo -como lo describe Nadia Urbinati en Yo el pueblo: cómo el populismo transforma la democracia- es impedir que «los pocos» se queden en el poder.
Ante esta embestida antisistémica, no funcionan la razón, la evidencia, los datos, el debate entre expertos en temas energéticos, la constatación contaminante del combustóleo, el precio barato de las energías renovables versus el precio caro de las producidas por la CFE, el costo que tendrá el freno de la competencia para los consumidores y la competitividad del país, o cómo la política energética del Presidente viola el T-MEC. Esas minucias no le preocupan ni le importan al Presidente. Se trata de transformar de manera épica, no evaluar de forma técnica. Se trata de hacer historia, no de cumplir con la Constitución. Y para lograr ese propósito es imperativo atacar a las élites, redefinir las funciones de la Constitución y la tarea de las instituciones existentes. No es necesario que su gobierno sea experto ni competente, sólo honesto.
Y AMLO es percibido como «honesto» aunque su tribu no lo sea. Honesto en contraste con la maquinaria corrupta, atrincherada en el Poder Judicial. Honesto al defender el interés general frente a los intereses personales de los jueces o los abogados o los ministros de la Corte. Por eso puede afirmar que todos los controles existentes -institucionales o constitucionales- fallan porque no están en manos de la gente ni de su líder verdadero. El auténtico, el puro, el intruso político, no como los privilegiados de toga negra que se sentarán a debatir la constitucionalidad de su visión energética, que en realidad es su visión de país. Comandado por él, donde el antisistemismo populista desfigura a la democracia, y destruye los mecanismos que permitirían corregirla.
Este es el tamaño del reto que enfrentará la Suprema Corte, y va mucho más allá de la (in)constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Resolver si México estará gobernado por leyes o por actos de fe e identificación emocional. Determinar si el pluralismo político prevalecerá sobre la homogeneidad institucional e ideológica. Decidir si Arturo Zaldívar y tres ministros más se convertirán en los Hugo López-Gatell del Poder Judicial, o defenderán los principios constitucionales. Ser un estorbo democrático o permitir que López Obrador convierta a la Corte en un escombro más.