Entregarle una parte del poder a los militares ha traído enormes beneficios a las élites en el poder. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le ha permitido concentrar en las Fuerzas Armadas las responsabilidades primarias de las secretarías de Seguridad y de Comunicaciones y Transportes, y cooptar a los jefes militares con dinero –contratos, negocios y privilegios– a cambio de incondicionalidad para la regresión democrática. Al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, la piedra angular de este respaldo castrense, además de dinero y palmadas en la espalda, le ha ganado privilegios particulares inusuales en el pasado.
El control de la cúpula militar no fue una rectificación de López Obrador al llegar a la Presidencia, como parecía haber sido, sino producto de un plan ejecutado pacientemente por el mandatario desde hace unos años. Se desconoce cuánta gente a su alrededor sabía sus intenciones, pero aun quienes estaban cerca de él eran ajenos a las mismas. Un ejemplo se dio cuando los generales fueron a cabildear al Congreso la Ley de Seguridad Interna en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y pidieron el respaldo de Morena en San Lázaro. La coordinadora de Morena en ese entonces era la hoy secretaria de Energía, Rocío Nahle; cuando le pidieron el apoyo para la ley y le consultó a López Obrador, la respuesta fue que no votara a favor, pero más adelante, cuando estuviera en la Presidencia, “les iba a dar todo”.
Durante la campaña presidencial, López Obrador hizo declaraciones que inquietaron a los militares, señalando que no veía necesidad de tener Fuerzas Armadas, porque no había una amenaza a la seguridad nacional, y que era mejor que contribuyeran en la seguridad pública. La Ley de Seguridad Interior que habían buscado durante una década para regular sus acciones en el campo policial, se concretó con López Obrador en la Presidencia, que creó una policía militarizada a cargo de generales. Al frente del Ejército colocó al general Sandoval, quien, por edad, era el número 22 de los 23 generales de tres estrellas que podían aspirar al cargo de secretario de la Defensa.
Sandoval no figuraba en las dos propuestas del exsecretario, general Salvador Cienfuegos, cuyos nombres fueron rechazados sin discusión por el Presidente electo. Cienfuegos quizá no sabía que un viejo amigo y colaborador por años de López Obrador, el general retirado Audomaro Martínez, había sido el responsable del nombramiento de su también amigo, el general Sandoval. El nuevo secretario de la Defensa, comprometido con su amigo, no mantuvo una posición de Estado ante el Presidente, como lo hicieron sus antecesores. Al contrario, como lo ha declarado en un par de ocasiones, apoya completamente el proyecto de López Obrador, sin saberse hasta dónde llegará esa postura metaconstitucional.
El general Sandoval no sólo ha sido recompensado con recursos para las cúpulas militares, sino con favores personales. El más notorio, por todas las vueltas que dio para saltar las normas, se dio con la colocación de su hijo, del mismo nombre, en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dirige su amigo, el general Martínez, con una serie de pasos que también parecen haber sido diseñados desde antes de iniciar la actual administración. Sandoval junior, que no tiene una carrera militar, fue enviado hace poco más de dos años a trabajar al CNI. Al estar en el aparato de inteligencia civil, entró a la maestría de Seguridad Nacional que tiene la Secretaría de la Defensa, a la cual jamás hubiera tenido acceso por dos razones: no es militar, ni está en ninguna de las tres dependencias civiles que tienen un lugar asegurado por año: el CNI, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General.
El movimiento fue muy obvio. Martínez le dio trabajo en una de las tres áreas con pase automático a la maestría de Seguridad Nacional, y Sandoval le abrió la puerta en la Defensa Nacional. No importó el conflicto de interés, ni tampoco el enojo que generó en el CNI, que se acrecentó cuando, al regresar de la maestría, fue puesto a cargo del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, el proyecto más sofisticado e importante del servicio de inteligencia civil, creado por Jorge Tello, quien dirigió esa institución en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando todavía se llamaba Cisen, y desarrolló y potenció Guillermo Valdés, cuando lo encabezó en el gobierno de Felipe Calderón. Insumos importantes de inteligencia llegaron a ese centro por la vía de la Iniciativa Mérida, que sirvieron sobre todo para combatir al crimen organizado.
La llegada de Sandoval junior al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia generó mucha molestia dentro de la comunidad, al haber sido desplazado un buen número de especialistas con años sin promoción. El enojo, sin embargo, no se limita al ámbito civil. Al nepotismo en la Secretaría de la Defensa se suma la entrega de negocios para las cúpulas militares, como ha sucedido con dos tramos del Tren Maya, uno porque en la zona de la construcción Los Zetas operan campos de entrenamiento junto con exkaibiles, los comandos de élite del Ejército guatemalteco, y otro, de reciente asignación, que es el tramo más codiciado, porque quizá es el único rentable de toda la ruta, que va de Cancún a Playa del Carmen.
A los generales que le hablan al oído al presidente López Obrador puede importarles muy poco lo que piensen los civiles en el CNI, pero deberían tener un mayor cuidado con lo que está pasando dentro de la Secretaría de la Defensa. Recientemente se realizó una encuesta para medir el pulso de los soldados, y los resultados no fueron tranquilizantes. Hay una creciente molestia por la continua separación de la cúpula militar con los mandos medios y la tropa, precisamente por esta sensación, en muchos sentidos con bases objetivas, de que los privilegios no alcanzan a todos, y que el Ejército del pueblo no tiene los mismos beneficios que quienes lo encabezan.