Los estrategas del gobierno de la Cuarta T cuentan con todo un arsenal de expedientes anti corrupción, utilizables para la campaña de desprestigio de sus adversarios políticos a propósito del proceso electoral en curso. Así lo están implementando a juzgar por las notas periodísticas sobre ordenes de aprehensión, inhabilitaciones, investigaciones por desvíos de recursos, contra sus antecesores del PRI y del PAN en los gobiernos de la república y estatales. El proceso contra el gobernador de Tamaulipas, el expediente contra el exgobernador de Nayarit, los casos contra Rosario Robles, Lozoya, Cuauhtémoc Gutiérrez son típicos. En Veracruz esa estrategia se replica, y lo podemos observar con meridiana claridad cuando el Secretario de Gobierno amenaza a alcaldes y excalcaldes de un posible enjuiciamiento legal; o que el Orfis descubrió desvíos millonarios en la Cuenta Pública 2018 y que procederán contra los responsables, o la revivida orden de aprehensión contra De Antes, etc. Pero es más ruido que efectivas acciones para sanear el ambiente, pues, más que justicia, se tla intención es menguar al adversario, colgarle la espada de Damocles a actores políticos con cola que les pisen para desalentarlos a moverse políticamente. Así pasa cuando sucede.