Agencias/Sociedad 3.0
La Fiscalía General de la República (FGR) sólo sustenta las acusaciones de delincuencia organizada, “lavado” de dinero y defraudación fiscal con las que pretende retirar la inmunidad procesal al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y no prueba las acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado.
El caso está basado en la compra-venta de un departamento en Santa Fe; el impago de seis millones de pesos de impuestos, y se le acusa de encabezar una organización criminal para extraer más de 55 millones de pesos del erario de su estado con el apoyo de empresas fachada, para beneficiar a una compañía familiar.
De acuerdo con la solicitud de desafuero que presenta la FGR ante la Cámara de Diputados y de la cual El Universal posee una copia, se describe que esta solicitud tiene su origen en la denuncia que exhibe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y detalla que entre 2016 y 2019, García Cabeza de Vaca, los integrantes de su familia y dos empresarios se organizaron para obtener millones de pesos provenientes del erario de Tamaulipas.
Lo anterior, con presuntas licitaciones y contratos de obra pública celebrados a través de Higinio Baltazar “N”, socio y administrador de las empresas Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, S.A. de C.V., y Barca de Reynosa S.A. de C.V., (ambas sin empleados registrados ante el IMSS), quien posteriormente envía grandes cantidades de recursos a Juan Francisco “N”, socio de la empresa T Seis Doce S.A. de C.V., y quien regresa los recursos directamente al gobernador tamaulipeco.
Este sería el primer caso de desafuero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se da en un contexto electoral y con declaraciones que acusan de nexos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, compra de decenas de casas en Estados Unidos, pero ninguna de estos señalamientos vienen comprobados en la carpeta de investigación.
**Con información de El Universal