Al Presidente no le gusta la participación de las empresas privadas en la generación de electricidad. Quiere regresar al viejo modelo de un monopolio público: la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se vale. Es su visión ideológica. Equivocada, creo yo, pero él ganó las elecciones y tiene el derecho de reformar el statu quo.
Para tal efecto, el Presidente envió al Congreso una nueva ley de la industria eléctrica y pidió a los legisladores que no le cambiaran ni una coma. Diputados y senadores afines al gobierno así lo hicieron. De manera expedita, la aprobaron sin modificar nada. Se vale. Para eso el gobierno tiene mayoría simple en ambas cámaras.
Lo que ya no se vale es aprobar una ley secundaria que, a todas luces, contradice la Constitución.
Si la ley fundamental permite la libre competencia en el mercado de generación eléctrica y prioriza el despacho de la energía más barata, no es compatible que una ley de jerarquía menor le otorgue prioridad a la compra de la electricidad generada por la CFE a un precio más caro.
La contradicción es evidente en éste y otros temas. Si el Presidente hubiese querido trasformar de raíz al sector eléctrico, lo que procedía era reformar la Constitución. Pero, como no cuenta con la mayoría de votos calificada en el Senado (dos terceras partes) para una reforma constitucional, quiere realizar los cambios por la puerta trasera, por medio de una ley secundaria inconstitucional.
No sorprende que las empresas afectadas por esta nueva ley hayan solicitado un amparo por su inconstitucionalidad. Se vale. Es parte de cómo opera nuestro Estado de derecho.
También se vale que el juez federal especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez, haya revisado dos de estas demandas concediendo amparo y ordenando la suspensión provisional de la nueva ley, en lo que se decide el fondo de si es o no constitucional.
El juez estaba obligado a proteger los derechos de todos los afectados. Si sólo amparaba a los demandantes, éstos quedarían en franca ventaja para vender su electricidad. De cualquier forma, a final del día, todos, eventualmente, hubieran conseguido su amparo. Por donde se vea, lo correcto era la suspensión provisional de la ley.
Esto enfureció al presidente López Obrador. Sin argumentos jurídicos, con incendiaria retórica política, acusó al juez Gómez de vendido. No lo está diciendo cualquier ciudadano, sino el jefe del Estado mexicano. Y AMLO solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la Judicatura investigue al juzgador. En toda la retahíla de acusaciones en contra del juez, el Presidente aprovechó para denostar a los que considera sus enemigos políticos.
Tampoco sorprende. AMLO está en campaña y todos los días se pelea con alguien. Es parte de su estrategia para ganar la narrativa en la opinión pública. La de un gobierno bueno que pretende transformar al país y se enfrenta a las malas, oscuras y poderosas fuerzas de la reacción. Maniqueísmo y guillotina de la reputación de toda la gente, como el juez Gómez, que no se cuadran a sus órdenes. La lista crece todos los días.
Si el Presidente hubiese querido reformar en serio a la industria eléctrica, estaba obligado a modificar la Constitución. Como no le alcanzaban los votos para hacerlo, está metiendo los cambios por la puerta trasera con una ley secundaria inconstitucional que bien podría convertirse en constitucional si así lo decide la Suprema Corte de Justicia.
Para declarar una ley inconstitucional se requiere el voto de ocho de los once ministros. Conque AMLO consiga la voluntad de cuatro, su legislación eléctrica sería “mágicamente” constitucional, aunque, a todas luces, no lo sea.
En este sentido, el Presidente está presionando desde hoy a la Suprema Corte para obtener esos valiosísimos votos. Lo hace presionando a Juan para que escuche Arturo y compañía. Lastimando la reputación de Gómez, a fin de que los ministros visualicen cómo su reputación también puede guillotinarse desde el púlpito presidencial. Además, desde luego, siempre estará el recuerdo de cómo AMLO presionó a Eduardo Medina Mora para que renunciara como ministro de la Corte.
Así la estrategia de AMLO para reformar el mercado eléctrico en México. El Presidente le está apostando a que una minoría de la Suprema Corte lo apoye y declare constitucional una ley claramente inconstitucional. Todo, lo recuerdo, por no tener los votos en el Senado. Eso, en mi diccionario, es un claro abuso del poder nada democrático.
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