Agencias/Sociedad 3.0
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, sin tocarle una coma, las reformas a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La minuta fue aprobada en lo general con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones.
En lo particular con 271 votos a favor, 134 en contra y ocho abstenciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió el 26 de marzo a la Cámara de Diputados una iniciativa, con proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones a la vigente Ley de Hidrocarburos.
Con esta Ley de Hidrocarburos se busca desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
Con las reformas se busca incidir en varios aspectos de la Ley de Hidrocarburos como: almacenamiento mínimo de petrolíferos establecidos por la Secretaría de Energía; negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos; revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos; sancionar y desincentivar el contrabando de combustible; suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad estratégica o para la economía nacional.
Se argumenta que, pese a los avances, existe una problemática que aún queda pendiente de atender y está relacionada con los ilícitos que cometen los distribuidores de combustibles que despachan cantidades menores a las que los usuarios pagan, situación que representa un grave problema para la economía familiar.
La iniciativa a la Ley de Hidrocarburos, ya que organizaciones como Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que causa incertidumbre para la inversión y genera conflictos.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) envío un oficio al Congreso de la Unión en la cual recomienda no aprobar en los términos propuestos por esta iniciativa iniciativa de reforma del gobierno federal, debido a que “generaría inaplicabilidad, conflicto de preceptos jurídicos y violaciones graves a la Constitución“.