La elección presidencial de 1988 hace las veces de un genuino parteaguas político-electoral porque a partir de ese evento se derivaron reformas constitucionales y manaron leyes electorales correlativas a la reforma electoral de 1977. Las corrientes ideológicas del PAN y del PRD confluyeron para impulsar la creación del Instituto Federal Electoral en 1990 cuyo marco normativo fue el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Las reformas de 1994 y 1996 perfeccionaron su conformación de órgano autónomo. Entre sus actividades sustantivas organizó cuatro elecciones presidenciales, de Zedillo a Peña Nieto, hasta que en abril de 2014 lo sustituyó el INE, pero manteniendo su esencia fundamental: otorgar certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales, misión cabalmente cumplida, por el IFE y ahora por el INE en 2018. IFE e INE han sido instituciones amagadas por el asedio de las fuerzas políticas, desde cuando la partidocracia se esforzaba por colocar consejeros afines a sus respectivos intereses; pero ahora la presión ha escalado y proviene de las más altas instancias del poder político. El INE vive una auténtica encrucijada histórica, de la cual, emerge o se sumerge, si esto último ocurriese habremos perdido una institución democrática de primer orden. Sería un grave síntoma para el desarrollo político del país.