El fallo de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el que ratifica por mayoría absoluta la cancelación del registro y la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero ordenada por el INE, representa un mensaje urgente y oportuno en momentos en que hay una clara embestida en contra del Poder Judicial y de los juzgadores a los que quiere controlar y poner a su antojo el presidente López Obrador: sin contrapesos ni autoridades que equilibren a los designios y caprichos del poder presidencial -por tradición omnímodo y avasallador en México- corremos el peligro no sólo de volver a los tiempos ya superados de la Presidencia imperial, sino que podemos avanzar hacia un gobierno autoritario y unipersonal en detrimento de nuestra democracia.
Que los magistrados electorales hayan decidido ignorar las enormes presiones desde el poder y la obsesión personal del Presidente por doblegar al INE e imponer a sus candidatos, aún con denuncias de violación de mujeres e incumplimiento de la ley electoral, representa una bocanada de aire fresco en un sistema electoral que pretende ser asfixiado y controlado por no ajustarse a la voluntad del poder presidencial y del partido gobernante; sobre todo porque el Tribunal Electoral no deja de ser un órgano del Poder Judicial y su decisión no sólo respalda la sanción que aplicaron dos veces los consejeros electorales, sino que contradice y rechaza la idea expresada por el Presidente de que cualquiera puede y debe ser candidato si tiene “el apoyo del pueblo”, sin importar si es un presunto violador y si cumple o no con lo que mandan las leyes electorales.
En ese sentido, el voto casi unánime de los magistrados del Tribunal Electoral -6 a 1 en contra de Salgado Macedonio y 5 a 2 contra el otro candidato morenista en Michoacán, Raúl Morón- lleva un doble mensaje: además de respaldar al INE y fortalecer a las instituciones electorales que organizarán y realizarán el proceso electoral más grande en la historia de la democracia mexicana, también recuerdan que, en tanto jueces máximos en materia electoral y miembros del Poder Judicial de la Federación, no se someten a órdenes y presiones del Poder Ejecutivo.
Si a la votación de ayer en el TEPJF le sumamos el anuncio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, de que interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la Ley de Telecomunicaciones que obliga a los mexicanos a proporcionar sus datos biométricos a las compañías de telefonía móvil para el Registro Nacional de Usuarios, que acabará en manos del gobierno federal para temas de seguridad pública, las dos acciones coincidentes, viniendo de dos instituciones autónomas, nos recuerdan por qué debemos apostar y defender por la existencia de contrapesos en un sistema político que nos llevó décadas, dinero y sangre, poder sacar del presidencialismo absoluto y de la imposición de una sola visión dictada desde el Poder y su partido único.
Así que, a reserva de ver cómo reacciona hoy el inquilino de Palacio Nacional y de los adjetivos y vituperios que decida lanzar en su ya habitual rutina de polarización y descalificación de todo aquel que lo cuestione y no piense como él, lo que ganamos ayer los ciudadanos en las decisiones y fallos de instituciones como el Tribunal Electoral y el INAI, es la esperanza de saber que aún quedan contrapesos que cuidar y proteger, lo más importante la independencia y autonomía de la Suprema Corte a la que hoy intenta someter y dominar el Presidente con la reelección de un presidente a modo, y que la decisión más importante para mantener los equilibrios políticos en este país y evitar caer en un régimen dictatorial y autoritario, también nos corresponde a los que salgamos a votar el próximo 6 de junio… Se baten los dados. Tocó Escalera.