Cuando se habla de riesgos de intromisión del narcotráfico en los próximos comicios federales y locales, la elección en San Luis Potosí es sin duda la que más preocupa. En las áreas de inteligencia y seguridad del gobierno federal tienen no sólo análisis e información detallada sobre los presuntos vínculos de un candidato a gobernador en esa entidad, sino incluso denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, en donde se pide investigar los turbios manejos financieros y las conexiones de grupos de la delincuencia organizada con José Ricardo Gallardo Cardona y su familia.
El tema del abanderado del PVEM a la Gubernatura de San Luis ha sido incluso motivo de análisis y discusión al interior del gabinete de seguridad, en las reuniones que encabeza todos los días en Palacio Nacional el presidente López Obrador. Áreas como la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, han presentado expedientes e investigaciones sobre Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez.
Gallardo Cardona es uno de los candidatos que no pasó los filtros y revisiones de la UIF, área a la que el presidente López Obrador le encargó personalmente a Santiago Nieto investigar a todos aquellos candidatos que pudieran ser postulados por Morena en las elecciones del 6 de junio.
Las sospechas e investigaciones que recaen sobre José Ricardo Gallardo Cardona no se basan solo en las dos denuncias que ya tienen en sus manos la FGR y la Fiscalía Anticorrupción, basadas en los movimientos e irregularidades financieras, sino también en un grupo de “colaboradores cercanos” que rodean al candidato a gobernador. Gallardo trae un entorno de personajes originarios de Tamaulipas no sólo polémicos, sino que han sido señalados de presuntos vínculos con cárteles de la droga que operan en territorio tamaulipeco y que colaboran con el ahora candidato a gobernador desde hace por lo menos un año.
Hoy no hay duda de que en la elección de San Luis están prendidas las alarmas y que esa entidad puede convertirse en un “narcoestado” si el personaje investigado, al que hoy las encuestas ubican en primer lugar de preferencias, gana la elección. Pero aún con ese riesgo y con la información y denuncias que tienen, hay divisiones en la 4T sobre Gallardo. De un lado Santiago Nieto y Rosa Icela empujan denuncias penales en su contra y que también que el INE revise su candidatura, mientras que de otro lado Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, apoya e impulsa al candidato del PVEM con el que hizo un pacto cuando Gallardo Cardona convenció a un grupo de 9 diputados del PRD, encabezado por él mismo, junto a Héctor Serrano y Mauricio Toledo para que se pasaran a Morena. Ese pacto, en febrero de 2019, se hizo a cambio de que Gallardo Cardona fuera candidato de Morena y se firmó en la Segob de Olga Sánchez Cordero, pero después cuando entró la UIF y revisó las cuentas de Gallardo, su candidatura fue vetada desde Palacio y provocó incluso que casi se rompiera la alianza entre Morena y el PVEM.
Así es que veremos, con toda lo que ya saben en el gobierno federal y que tiene en sus manos la Fiscalía General de la República, qué pesa más en San Luis Potosí y los focos rojos encendidos de la narcopolítica: si el pragmatismo de conservar una alianza de conveniencia, como la que tienen Morena y López Obrador con el PVEM, que puede ser muy necesaria en la próxima legislatura si, como todo indica, al presidente y a su partido no les alcanzan los votos para mantener su mayoría, o si la 4T, que dice ser diferente a los gobiernos del pasado, aplica la ley y evita que la enorme riqueza potosina termine en manos de un gobierno vinculado al crimen organizado.