Comentábamos la semana anterior que la serie de abusos policiacos que se vienen cometiendo en Veracruz van a seguir ocurriendo mientras las autoridades federales, estatales y municipales no se preocupen realmente en capacitar y certificar a los jefes y subordinados encargados de la seguridad pública.
El último caso es el de cinco jóvenes –entre ellos un menor de edad– que entre el martes 30 y miércoles 31 de marzo pasado fueron detenidos en Orizaba porque supuestamente habrían agredido a policías. La primera versión que circuló es que habían sido “levantados” por un comando armado, pero luego, ante la alerta de sus familiares, el gobierno estatal informó que estaban detenidos. Posteriormente se les criminalizó vinculándolos con un grupo del crimen organizado.
Casualmente el martes anterior referíamos aquí que el 10 de marzo pasado, México había incumplido la segunda prórroga de 18 meses que el Consejo Nacional de Seguridad había aprobado iniciar a partir del 10 de septiembre de 2019 para certificar que los policías de todos los niveles desplegados en el país contaran con el perfil, las habilidades y conocimientos para hacer ese trabajo. Y que precisamente Veracruz era una de las cinco entidades donde más del 40 por ciento de los agentes seguían hasta hoy sin esta evaluación que, en el papel, es una obligación legal desde hace cuatro años y medio.
Sin embargo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 305 mil 231 policías estatales, municipales y adscritos a las Fiscalías, sólo164 mil 534 (el 54%) cuentan actualmente con dicha certificación denominada Certificado Único Policial (CUP). O sea que el 46 por ciento restante estarían impedidos legalmente para seguir desempeñándose como policías.
En Veracruz han ocurrido situaciones absurdas como la del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, quienes al menos hasta finales de septiembre de 2019, a 10 meses de haber iniciado la administración del gobernador Cuitláhuac García, no contaban aún con la acreditación de los exámenes de control y confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), según lo reveló el propio mandatario veracruzano al ser entrevistado acerca del ex fiscal general del estado Jorge Winckler, que había sido separado de su cargo tres semanas antes por el Congreso local debido a que el abogado yunista no había revalidado sus exámenes de control de confianza.
García Jiménez comentó en esa ocasión que Cisneros Burgos y Gutiérrez Maldonado habían acudido el miércoles 25 de septiembre de ese año, 2019, a la Ciudad de México para presentar dichos exámenes.
“Todos los que tienen que ver en materia de seguridad deben contar con estos exámenes. Tienen un tiempo para que esto suceda, lo presentaron ayer (miércoles), ellos no lo habían hecho, pero tienen más de ocho meses (en el cargo)”, puntualizó el gobernador.
También la fiscal Verónica Hernández Giadáns sustituyó a Winckler sin haber acreditado previamente dichos exámenes ante el SNSP.
¿De veras habrán aprobado los exámenes de confianza? Hasta la fecha ninguno ha mostrado públicamente la certificación.
CMAS Y CONTRALORÍA,
NEGLIGENCIA CRIMINAL
Nos hemos enterado de muy buena fuente, por versiones directas de familiares y amigos, acerca de una riesgosa situación a la que están siendo expuestos los empleados de algunas áreas tanto de la Contraloría General del Estado (CGE) como de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, a los cuales se les está obligando a presentarse a laborar en sus oficinas pese a la ola de contagios de Covid-19 que se han detectado entre varios compañeros de trabajo.
Nos comentan que algunos de estos trabajadores obviamente han puesto en riesgo también la salud de sus esposas e hijos, detallándonos que al menos un par de familias completas ya han contraído el virus.
Investigamos esta denuncia y tan solo en el Departamento de Informática de la CMAS Xalapa, que está totalmente hacinada, nos confirmaron la existencia de cinco casos de trabajadores que recientemente dieron positivo a Covid-19. Similar situación, nos dicen, están padeciendo también los empleados de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la CGE.
¿Estarán enterados de semejante negligencia criminal las autoridades de la Secretaría de Salud así como el gobernador Cuitláhuac García y el alcalde xalapeño Hipólito Rodríguez Herrero?
