Duro y tupido le ha llovido al ministro presidente Arturo Zaldívar, primero por la sospecha de verse involucrado en la intentona de prorrogar su mandato del 2022 al 2024 inducida a través de la sorpresiva inclusión de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y segundo, por su mutismo pese a la presión para que se deslinde de ese bodrio legislativo. ¿En verdad coincide con el presidente en suponerse como el “no hay otro” para ayudarlo a hacer los cambios en México? ¿Por qué no responde el ministro presidente? En beneficio de la duda debemos suponer que no lo ha hecho porque el asunto aún no se ha aprobado por el Congreso General, pues pasó como minuta de la Cámara de origen a la revisora en donde estará a discusión y será aprobada tal como llegó o modificada en la parte del conflicto, luego entonces, institucionalmente Zaldívar no puede manifestarse en torno a un supuesto. Parecería insensatez histórica si una vez concretada en Ley en los términos del senado, Zaldívar aceptara la prorroga pese al casi generalizado rechazo de destacados constitucionalistas, organizaciones de abogados, del Consejo de la Judicatura y la opinión pública. Poco vivirá quien no vea el desenlace de este tan debatido asunto.