En 2014 se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular que se pondrá en práctica el próximo 1 de agosto en el ejercicio ciudadano para decidir si se enjuicia a servidores públicos del pasado. Como se recordará, originalmente la pregunta versaba sobre juzgar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pero la Suprema Corte la categorizó de índole anticonstitucional y la varió: ¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas? La figura de Consulta Popular, al igual que la revocación del mandato, forma parte medular de la democracia participativa a la que aspiramos para obtener mejores rendimientos de la clase política y su mayor representatividad. Sin embargo, calificada como campaña de linchamiento, esta moción no despierta interés entre la ciudadanía, lo cual ocasiona trabajo adicional a su promotor empeñado en fomentarlo. Para que el resultado de esa consulta adquiera calidad de vinculatoria se requiere de la participación del 40% de ciudadanos inscritos en el listado nominal (37 millones 400 mil empadronados). Por esta razón en las próximas mañaneras habrá de ser tema de comentarios recurrentes.