El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, mostró una cara desconocida de su personalidad, el melodrama.
A las seis de la mañana con 49 minutos de este martes, subió a su cuenta de Twitter una fotografía suya parado frente a la puerta de Palacio Nacional en la calle de Moneda, por donde se da el acceso para acudir a la mañanera, que acompañó con este mensaje: “El presidente @lopezobrador_ me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación”. Aureoles se quedó esperando, pero escaló su comedia.
El Presidente no lo recibió, argumentando que no era un tema de su competencia, sino de los órganos electorales. Aureoles le imploró que lo recibiera. “No es un tema electoral, es un tema de seguridad nacional y lo quiero volver a reiterar, si la información que traigo conmigo cae en las manos incorrectas, pondría en peligro la vida de las personas”. ¿Es cierto lo que afirma? No es posible saberlo, pero tampoco se le puede dar crédito al valor de su palabra, porque lo que hizo este martes en el Zócalo fue una parodia y una provocación al Presidente.
Tras la respuesta de López Obrador y entender que no lograría la cita a gritos desde la calle, sacó una silla de plástico verde y se sentó frente a la puerta de Palacio Nacional. Gran momento para las fotografías. La humildad de un gobernador por la necesidad de atender un asunto de interés superior. En realidad, son patrañas las de Aureoles y la respuesta del Presidente fue la correcta. “Luego de más de cuatro horas esperando frente a Palacio Nacional, y sin señales positivas del presidente, me retiro, pero les aviso que no voy a parar porque entiendo la relevancia de la información que tengo en mis manos para la nación”, advirtió el gobernador.
Fue un chantaje público, pero nadie cayó en el anzuelo. Si el gobernador quería denunciar algo tan serio y de interés nacional, debería haber acudido a presentar la denuncia. Tiene a la Fiscalía para Delitos Electorales o al propio fiscal general; la ventanilla no estaba en el despacho del Presidente. El interés de Aureoles no está en la solución de las cosas, sino en el espectáculo mediático, como sugiere un mensaje posterior, donde anuncia con solemnidad: “El futuro de México está en riesgo, voy a acudir ante la Suprema Corte y las instancias internacionales que sean necesarias para denunciar la gravedad de la intervención del crimen organizado en la elección y la amenaza que representa para el futuro de este país”.
Lo que parece una denuncia muy grave, no lo es. El gobernador conoce bien cuáles son las instancias a las que debe acudir. Primero tiene que presentar una denuncia ante las autoridades ministeriales, para que inicien una investigación. No puede brincar hasta la Suprema Corte, que es la última instancia del Poder Judicial, no la primera. Hacer estas marometas refleja que no tenía interés en la sustancia y se refugió en lo cosmético para un objetivo ulterior personal. En paralelo, podría haber acudido al Instituto Nacional Electoral para impugnar la elección –quisiera que la anulen, pero mediante un litigio en medios, no en el ámbito legal–, y pudo haber ido también a la Fiscalía Especializada para iniciar un procedimiento penal, no a la Presidencia. Esa ruta iba a terminar donde acabó, con un portazo en las narices porque López Obrador, como lo dijo, no podía intervenir en un tema de orden electoral, al estar fuera de sus atribuciones.
Aureoles está actuando con una estrategia que comenzó la semana pasada, cuando hizo un road show por medios electrónicos para denunciar que la elección en su estado debía anularse porque Morena, el partido en el poder cuyo candidato ganó la elección para gobernador, es un “narcopartido”, y Alfredo Ramírez, quien será su sucesor, “representará otra vez al crimen organizado porque ellos lo pusieron”. Los enlaces de Ramírez con los grupos criminales, agregó Aureoles, son los exgobernadores Leonel Godoy y Jesús Reyna.
La verosimilitud no significa la verdad. Godoy, cuando gobernaba Michoacán, era el destinatario de un atentado de La Familia Michoacana y Los Zetas el 15 de septiembre de 2008, pero los explosivos detonaron en medio de la población que acudía a El Grito. Su hermano, Julio César Godoy Toscano, que estaba en el mismo partido que Aureoles, estaba vinculado con uno de los jefes del narcotráfico en el estado, Servando Gómez Martínez, la Tuta. Reyna fue gobernador interino y al terminar el periodo fue detenido por la PGR acusado de vinculación con Los Caballeros Templarios, pero no se le pudo acreditar culpabilidad.
Antecedentes públicos no son acusaciones documentadas. Aureoles lo sabe, pues él mismo ha sido señalado de estar coludido con el narcotráfico, sin que existan evidencias sobre ello. La estrategia del gobernador de Michoacán levanta muchas cejas, por el objetivo que persigue con acusaciones políticas y mediáticas que no tienen intención alguna de seguir la ruta judicial. Su forma de actuar es típica de quien quiere elevar el costo político de quien pretenda una acción en contra, no de alguien que quiere limpiar las cosas.
Confunde, tergiversa, desinforma. Esto es lo que ha hecho Aureoles, que creó un huracán señalando sin pruebas a sus adversarios, como si quisiera con ello construir una puerta de salida antes que abran en canal a su administración. ¿Teme que encuentre irregularidades o desvíos de dinero su sucesor? Eso parece, elevando el tono de su voz, multiplicando los escenarios para repetir la misma denuncia, y revelar con sus actos que su palabra es débil, y que las imputaciones, mientras no denuncie nada ante la autoridad o dé a conocer públicamente los documentos, seguirán siendo simulaciones y engaños para blindarse sobre lo que, le anticiparon, viene en una semanas.