Por primera vez, ayer se presentaron cargos de sedición contra algunos de los participantes del asalto al Capitolio como parte de un intento de golpe de seguidores de Donald Trump; y, por otro lado, los esfuerzos para garantizar el derecho al voto y la integridad del proceso electoral sufrieron otro revés, todo parte de lo que algunos califican de crisis en la que fuerzas derechistas amenazan el marco democrático estadunidense con más golpes, guerra civil y “terrorismo” doméstico.
Por primera vez en la investigación criminal del Departamento de Justicia sobre el asalto al Capitolio de hace un año –parte de un intento de golpe para mantener a Trump en el poder y por el que hay hasta la fecha más de 700 arrestados–, fueron presentados cargos de conspiración de sedición contra 11 de los acusados. Son los cargos más severos hasta la fecha, todos contra integrantes de la agrupación ultraderechista Oath Keepers, incluido su fundador Stewart Rhodes.
Las cargos fueron presentados después del arresto de Rhodes y otros (algunos ya habían sido detenidos bajo otros cargos), en donde los fiscales acusan que integrantes de Oath Keepers planearon y participaron en el intento para descarrilar el proceso de certificación del voto el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, que dio el triunfo a Joe Biden. Rhodes es la figura de mayor perfil acusada en la investigación hasta la fecha.
Rhodes, quien dice que estuvo en Washington ese día pero que que no ingresó al Capitolio, es ex paracaidista del ejército y egresado de la escuela de leyes de la Universidad de Yale, y está entre las figuras nacionales ultraderechistas más prominentes del país.
Los cargos de sedición elevan de manera formal el nivel criminal del asalto al Capitolio, el cual Trump y sus aliados han descartado repetidamente como una expresión de ira y una protesta contra “el robo” de la elección. Más aún, para algunos observadores, si el episodio es definido como “sedición”, implica que cualquiera que haya participado de alguna manera es parte de la conspiración y por lo tanto eso podría ahora incluir a figuras más cercanas al ex presidente, incluso él mismo.
La conspiración de sedición se define legalmente no sólo como una acción para derrocar o destruir con violencia a un gobierno, sino también conspirar para emplear la violencia con el fin de “prevenir, obstaculizar o demorar la ejecución de cualquier ley de Estados Unidos” o con uso de la fuerza para tomar cualquier propiedad del gobierno.
Pero en otro flanco de la lucha por la democracia estadunidense ante una ofensiva republicana a nivel estatal para suprimir el voto y subvertir el propio proceso electoral (a través de controlar el conteo y su certificación), el presidente Biden, después de ofrecer un discurso nacional en Atlanta para declarar la urgencia inmediata de defender el derecho al voto en Estados Unidos y donde por primera vez llamó a que el Senado enmiende sus reglas para superar la oposición republicana y permitir la aprobación de dos proyectos de ley para garantizar el sufragio efectivo, convocó ayer a una reunión de alto perfil con demócratas en el Senado para avanzar hacia ese objetivo.
Pero su coreografía política sufrió una derrota, tal vez fatal, cuando dos senadores de su propio partido interrumpieron en el baile. Los senadores demócratas Joe Manchin y Krysten Sinema reiteraron su oposición a modificar reglas antiguas del Senado que requieren 60 votos, y no sólo una mayoría simple de 51, para aprobar casi todo proyecto de ley. Sin sus votos, y una bancada republicana de 50 que mantiene su disciplina en oposición a cambiar esa regla, el esfuerzo demócrata para impulsar los proyectos de ley ya aprobados por la cámara baja sobre el derecho al voto está anulado por ahora.
Biden, visiblemente alterado, comentó a periodistas al salir de la reunión: “francamente no sé”, respecto de si podría lograr su objetivo por ahora, pero prometió que no dejaría de luchar, y rehusó responder a preguntas sobre cómo lo haría. Críticos dentro de su partido han repetido que Biden no hizo lo necesario sobre este tema desde hace meses, y no pocos legisladores de su partido y defensores de derechos civiles han reprobado su lentitud. Ahora temen que sea demasiado tarde. En las elecciones intermedias de este año, según pronósticos, los demócratas podrían perder sus mayorías en una o ambas cámaras del Congreso, y con ello aceptar el fin de cualquier intento para aprobar estas reformas.
El hijo del reverendo Martin Luther King y su familia han llamado a no celebrar el día oficial festivo en nombre de su padre, sino asegurar la aprobación de leyes para garantizar el derecho al voto, tema central del movimiento de derechos civiles que encabezó su padre en los años 60.
No ha sido una buena semana para el gobierno de Biden. Además de que ayer integrantes de su propio partido permitieron que la minoría republicana descarrilara su defensa de lo más elemental de una democracia electoral –el derecho al voto–, su esfuerzo para proteger la salud de trabajadores fue frenado por la Suprema Corte al anular su mandato para que toda empresa grande obligara a sus empleados a vacunarse y/o someterse a pruebas de covid-19.
A la vez, esta semana se registró el incremento más grave de la inflación a 7 por ciento, el más alto desde 1982. Y a pesar de logros bajo su gobierno, incluido un crecimiento sin precedente en el empleo, varias leyes para superar la crisis económica detonada por la pandemia y ampliar servicios básicos de salud, las encuestas no son positivas para su gobierno.
Pero lo más notable, y algo sin precedente en tiempos modernos, es que el presidente ha tenido que hacer sonar alarmas continuamente de que en su país, la democracia está bajo amenaza cada vez más grave no sólo por intentos para anular el sufragio efectivo, sino por violencia política, incluido “terrorismo” político, advertencias de más golpes y hasta de guerra civil.