Juegos de Poder
Leo Zuckerman
Mientras la seguridad se militariza en el país, cada vez hay una mayor captura de gobiernos por parte del crimen organizado. Los delincuentes ya se dieron cuenta que, no sólo les conviene la protección de los políticos para hacer sus negocios ilegales, sino vale la pena controlar actividades del gobierno que dejan mucho dinero. Hoy existen muchos municipios controlados por el crimen organizado. Ya en el pasado también hubo gobiernos estatales. Por eso preocupa mucho lo que está pasando en Morelos.
Como nunca, la delincuencia organizada ha participado en las elecciones. No es que se esperan, como antes, a que haya un gobernante para irle a ofrecer “plata o plomo”. No. Ahora quieren controlar desde un principio quiénes van a estar al frente del gobierno.
La consultora Integralia considera la injerencia del crimen organizado en las elecciones como uno de los principales riesgos políticos del país. En 2021 contabilizaron 239 incidentes violentos que dejaron “179 víctimas mortales incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular […] en 64% de los municipios donde hubo asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de elección popular en ayuntamientos, el partido de las víctimas perdieron la elección”.
Integralia menciona que la violencia no es el único mecanismo que utilizan los criminales para influir en los resultados. También financian campañas, interfieren en los procesos de selección de candidatos e intimidan, cooptan y coaccionan a candidatos, operadores políticos y hasta votantes.
De esta forma, los delincuentes se están convirtiendo en amos y señores de muchos gobiernos municipales, cada vez más, y quizá de estatales.
En el pasado, ya ocurrió en algunos estados, por ejemplo, Michoacán. El priista Fausto Vallejo ganó la elección gracias a la intervención del crimen organizado. A la luz pública salió la evidencia de cómo gente muy cercana a Vallejo (su propio hijo, por ejemplo) tenía vínculos directos con el principal capo michoacano, Servando Gómez Martínez.
Ahora sale a la palestra una foto muy preocupante del actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con Irving Solano Vera, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Homero Figueroa Meza, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica y Raymundo Isidro Castro Santiago, capo asesinado del CJNG.
¿Qué hacía Blanco con estas fichitas?
En un primer momento, el gobernador dijo que no se acordaba de la imagen porque él, como estrella del futbol que fue, se toma muchas fotografías al día. Negó su involucramiento con el crimen organizado y, cual buen diez que fue en el balompié, le echó la bolita al gobierno anterior de Graco Ramírez por presuntamente haber pactado con el grupo delincuencial de Los Rojos.
El hecho es que ahí está la fotografía comprometedora que dio a conocer El Sol de México y que parece provino “del teléfono de Esther Yadira Huitrón Vázquez, hermana de la presidenta del partido Redes Sociales Progresistas. Huitrón Vázquez, presunta operadora de Guerreros Unidos, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el senador Ángel García Yáñez”.
Nótese la diversidad de grupos que presuntamente operan en Morelos: CJNG, Los Rojos, Guerreros Unidos y Comando Tlahuica. Éste último, por cierto, se sospecha que mató al activista Samir Flores en 2019 y tiene “el control del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, un negocio que recauda cientos de millones de pesos al año” en complicidad con organizaciones sindicales y operadores de pipas del estado. Todo esto con la presunta bendición del gobierno estatal.
Uno de los fotografiados con Blanco, Raymundo Castro, murió en condiciones muy extrañas en una riña dentro de la prisión. En los últimos días han aparecido narcomantas en el estado saludando a Cuauhtémoc y solicitando que investigue el asesinato del Ray. Al gobernador también se le acusa de recibir dinero de grupos delincuenciales y romper los acuerdos que tenía con ellos. Lo amenazan de divulgar los datos de quién mató a Samir Flores.
El gobernador de Morelos es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Pero, por la gravedad del asunto, y la salud política del país, la Fiscalía General de la República debe investigar qué está pasando en ese estado. No podemos permitir la captura de más gobiernos estatales por parte del crimen organizado como ya ocurrió en el pasado en Michoacán con Fausto Vallejo, Nayarit con Roberto Sandoval y Tamaulipas con Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.