Agencias/Sociedad 3.0
La Fiscalía General de la República (FGR) deslindo al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, haya gestionado de manera ilicita recursos provenientes de partidas federales y de empresas públicas hasta por 10 millones de dólares, los cuales presuntamente fueron entregados a diversos legisladores en el sexenio pasado para aprobar la reforma energética.
Según un expediente judicial relacionado con el caso del ex senador Jorge Luis Lavalle, se menciona que en la denuncia presentada por el ex director de Pemex Emilio Lozoya se dijo que al parecer Luis Videgaray negoció esos recursos. Para la FGR no está comprobado que la obtención del dinero provenga de partidas federales; además, que, de ser de esta manera, al ser dinero estatal, no puede atribuirse a un origen ilegal, por lo que dicha hipótesis se deshechó.
La hipótesis que sigue manteniendo la FGR es que los recursos que se utilizaron para sobornar a panistas provienen de la constructora brasileña Odebrecht, con la intención de obtener contratos en México. De acuerdo con la indagatoria, el presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray obtuvieron de Odebrecht los sobornos, mismos que mediante de Lozoya fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
Posteriormente, fueron retirados en efectivo para Peña y Videgaray, quienes al mismo tiempo hicieron llegar dichos recursos a los legisladores, entre ellos a Lavalle por medio de Rafael Jesús Caraveo, ex secretario de la Comisión de Administración en el Senado. La FGR también mantiene la teoría de que Fabiola Tapia, ex administradora de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), y José Velasco, ex jefe de ayudantes de Lozoya, fueron testigos de esos recursos para sobornar a los panistas. La empresa Citapia se asoció en su momento con Odebrecht para llevar a cabo obras en la refinería de Tula.
De esta manera, entre 2013 y 2014, Jorge Luis Lavalle presuntamente recibió 97 millones 190 mil pesos para aprobar la reforma energética, de los cuales lavó 52 millones 390 mil pesos. La FGR cree que el monto de sobornos pudiese ser mayor y que no solo recibió 15 entregas de dinero, pues Caraveo dijo al MP federal que se hicieron otras entregas en diciembre de 2013, en las que no se firmaron recibos y cuyo monto no recuerda.
La magistrada que analizó el amparo del ex senador detalló que con los datos de prueba analizados hay indicios de que Lavalle adquirió recursos de manera ilegal. Esto se desprende las entrevistas realizadas a seis personas, quienes todos concuerdan sobre la manera de cómo se llevó a cabo la distribución de los recursos a los ex legisladores panistas.
Lozoya presentó como testigos de sus dichos a empleados y ex trabajadores, así como a Rodrigo Arteaga, su secretario particular; Francisco Olascoaga, ex jefe de departamento en Pemex, y a Norberto Gallardo, miembro del Estado Mayor Presidencial y quien fue su jefe de escoltas. La magistrada destacó que tampoco se le puede restar valor probatorio a las declaraciones de Rodrigo Arteaga y Francisco Olascoaga. En tanto, Lavalle ha explicado que la FGR ha usado pruebas ilegales en su contra, como el video donde se ve a Caraveo recibiendo fajos de billetes (12 millones de pesos).
La FGR ha expresado que el propósito de los legisladores panistas, junto con Peña Nieto y Luis Videgaray era concretar la reforma constitucional en materia energética, “pero no por un deber como servidores públicos”, “sino por un interés económico que injustamente recibían”.