Un nuevo costumbrismo social se ha incrustado desde hace ya algunos años en la realidad nacional: la muy temida narco-política, cuyo significado intrínseco conlleva preocupantes dilemas sociales, porque quienes escenifican y protagonizan ese fenómeno tienen poder político, es decir mando público y acceso a los mecanismos propios de todo gobierno. Si en el inmediato pasado la recriminación al depredador presupuestal significaba imputarlo como corrupto, ahora se escala en la denominación de narco-político. Está por demás concluir que cuando se produce la simbiosis gobernante-delincuencia a la sociedad, el pueblo, se le sitúa en la condición de indefenso rehén, sometido a los intereses y acciones de grupos delincuenciales favorecidos por sus nexos con gente del poder. Esto revela la importancia de la reacción del gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, ante la inaceptable petición de un ciudadano sonorense al presidente Biden de que se investigue a los gobernadores de Morelos y Veracruz. En respuesta, Cuitláhuac García afirma estar dispuesto a que se le investigue pues no tiene cola que le pisen, y en abono suyo debemos acreditarle confianza, pues se le pudieran reprochar deficiencias, no así atribuirle relaciones con agentes de la delincuencia. No es exoneración a priori, pero el es tema delicado, porque la calidad de un gobernante lleva implícita la autoridad moral que debe regir sus acciones. Y no es asunto de menor importancia una acusación de la naturaleza que referimos, como lo manifiesta la reacción del exgobernador Miguel Ángel Yunes, quien de bote pronto da respuesta a las insinuaciones que le reprochan supuestos nexos del gobierno que presidió con la delincuencia, respondiendo que, por el contrario, la combatió. Esto y muchos sucesos más confirman el surgimiento del nuevo costumbrismo social al cual nos referimos: la narco-política, como tema de insoslayable realidad en nuestros tiempos.